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Dudas despejadas

Los datos de Cáritas sobre la exclusión en Euskadi confirman que el sistema de protección social vasco responde a las necesidades planteadas en la sociedad y apuntalan la exigencia de su adecuación y desarrollo

SI en algún momento y en algún ámbito de la sociedad vasca las dudas, más o menos interesadas, respecto a la conveniencia y necesidad de implementar, mantener y desarrollar los programas públicos de protección social han hallado algún sustento -más ideológico que lógico-, cualquier interrogante queda disipado por la realidad reflejada en el Informe Foessa sobre Exclusión y desarrollo social en el País Vasco presentado por Cáritas. En primer lugar, el hecho de que, según dicho informe, en Euskadi haya una amplísima mayoría de población que no sufre exclusión (83,4%), nueve puntos por encima de la media estatal, confirma los datos ofrecidos la semana pasada por el consejero Juan María Aburto cuando señaló que entre 2008 y 2014, el 10% de las personas más pobres del País Vasco han sufrido una reducción de sus ingresos del 13,4%, una caída que habría alcanzado el 25,7% si no hubieran contado con las prestaciones sociales. Y, por tanto, da pie a considerar que el sistema de protección social vasco ha respondido a las necesidades que llevaron a implementarlo y que, en definitiva, funciona. Ahora bien, ese buen funcionamiento y el hecho de que la exclusión y el riesgo de pobreza sean sensiblemente inferiores a la media estatal, aunque delimita el ámbito de actuación y permite una mejor distribución de los recursos, no elimina el problema. Así, los datos de Cáritas apuntan a un colectivo de 360.000 personas (138.000 hogares) afectadas por procesos de exclusión, de las que algo menos de un tercio (113.000, un 5,2% de la población) se encontrarían en situación de exclusión severa. Pero, sobre todo, señalan el peligro de cronificación -y extensión- del problema si la recuperación de la crisis económica se dilata en el tiempo. No en vano, el desempleo y especialmente el desempleo a partir de cierta edad (en una sociedad en proceso de envejecimiento con una pirámide de población en la que predomina el sector de edad entre los 40 y los 60 años) es quizá el primer motivo del riesgo de exclusión. Y en ese sentido, el desarrollo y adecuación de las políticas públicas, también en el ámbito presupuestario y aun a costa de un esfuerzo añadido, se antojan imprescindibles para mantener no ya los ámbitos de protección social sino el reconocido nivel de cohesión que presenta la sociedad vasca,