La lógica de la protección social

LA defensa del sistema de protección social vasco, con el elogiado nivel de desarrollo que ha mantenido a lo largo del último cuarto de siglo, y por supuesto la cobertura de los nuevos retos que ya plantean las transformaciones en nuestra sociedad -también las que afrontará en un futuro inmediato- exigen del ámbito político el mismo nivel de consenso que la solidaridad ha alcanzado tradicionalmente entre la ciudadanía vasca. Es decir, todo lo contrario de la exacerbación de las diferencias y el desinterés clasista a que llevan ciertos mensajes de indudable egoísmo político. En ese sentido, la pretensión del consejero Juan María Aburto de lograr en las próximas semanas pactar un decreto que defina la cartera de servicios sociales es, sin lugar a dudas, una iniciativa loable, también compleja por cuanto supone anteponer el diálogo sobre la constatación de las necesidades, y por tanto la adecuación de la disponibilidad, a las pretensiones electorales de las formaciones políticas. Cierto es que un acuerdo de esas características aportaría buenas dosis de la credibilidad que, hoy más que nunca, los partidos políticos precisan, especialmente porque supondría la superación de las dinámicas de simple oposición por las de la compleja búsqueda del interés general; pero también lo es que si ya constatar las necesidades da pie a la polémica, el consenso sobre la disponibilidad, es decir, sobre el modo de obtener los ingresos necesarios para cubrir esas necesidades y su posterior distribución entre las mismas, exigirá un esfuerzo que hoy se adivina titánico. Sin embargo, abogar por una reforma fiscal que permita generar recursos, mediante recargos impositivos o impuestos concretos, se antoja lógico después de que el capítulo social se lleve ya tres de cada cuatro euros del presupuesto; aunque conlleve la premisa de la aceptación por todas las partes -y agentes sociales- de su cuota de responsabilidad a la hora de diseñar una fiscalidad apropiada a las características de la sociedad y no a la de reducidos intereses. Y en esa cuota de responsabilidad se incluye la aceptación de que, sin lugar a dudas, esto ha sido, es y seguirá siendo de control mucho más sencillo y eficiente cuanto mayor es la proximidad del ciudadano a los mecanismos con que la administración pública procede a su labor de redistribución de riqueza.