¿Blanquear la indecencia?

EL presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del primer partido de la oposición, Pedro Sánchez (PSOE), protagonizaron ayer, en un pleno del Congreso dedicado en principio al último Consejo Europeo, el lamentable espectáculo de arrojarse mutuamente a la cabeza los trastos de la corrupción de sus respectivos partidos sin siquiera esbozar un atisbo de remedio al cáncer que asola la política y descompone las instituciones del Estado español. En una demostración manifiesta de irresponsabilidad, también de incapacidad para detener la metástasis de la corrupción, las dos principales formaciones políticas de ámbito estatal parecen limitarse -quién sabe si en actitud premeditada- a describir la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio a pesar de que ambas han protagonizado casos escandalosos con afectación no solo a miembros de sus estructuras de liderazgo sino también de sus respectivas finanzas, hasta desacreditar por extensión a toda la clase política. Unos y otros, PP y PSOE, no pueden pretender, sin embargo, que las deplorables e indecentes praxis en la gestión de la res pública que les han sido descubiertas se blanqueen con el detergente de la acritud en el enfrentamiento dialéctico. Tampoco que la sociedad a la que han defraudado repetidamente se limite a aceptar peticiones de disculpas poco creíbles y meramente retóricas, ya que no se acompañan en el ámbito partidario de medidas punitivas para con los responsables de tan enorme fraude a los ciudadanos ni en el ámbito legislativo de medidas cautelares que impidan añadir nuevos casos a lo que ya es una inusitada reiteración de escándalos. ¿Cuántas iniciativas parlamentarias han emprendido la mayoría absoluta del PP o el primer partido de la oposición tras dos años de gobierno salpicados constantemente de corruptelas, para atajar el problema? ¿Cuántas decisiones drásticas inmediatas (no ya las irremediables) han tomado para con sus dirigentes acusados de corrupción más allá de los manidos recursos al desarrollo de la actividad judicial y la presunción de inocencia? ¿Qué medidas concretas -limitación temporal de cargos, control financiero de los partidos, separación efectiva de poderes, adecuación normativa de las contrataciones públicas, celeridad de los procesos judiciales...- han propuesto? ¿De verdad pretenden terminar con la impúdica constante que ya caracteriza a la denominada “democracia” española?