LA detención de 51 personas en Madrid, Murcia, León y Valencia, entre ellos los alcaldes de seis municipios madrileños (Valdemoro, Parla, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado-Villalba y Serranillos del Valle), el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y quien fuera número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, Francisco Granados, todos ellos acusados de delitos relacionados con la concesión fraudulenta de contratos públicos, vuelve a hacer patente la extensión de la corrupción en el interior y los aledaños del Partido Popular. Más aún, evidencia que esta no se detuvo ni siquiera tras la desarticulación de la Trama Gürtel y la explosión del caso Bárcenas. Porque aunque entre los regidores municipales detenidos haya asimismo un primer edil socialista y otro de una agrupación independiente, el grueso de la denominada Operación Púnica afecta de nuevo al PP. Y porque lo hace con el agravante de la actualidad: los 250 millones de euros en que la investigación calcula las adjudicaciones ilegales se habrían malversado en los últimos dos años. Es decir, la corrupción que enfanga al PP y con él a toda la actividad política no es, como pretende ahora la dirección popular, algo del pasado, sino un problema imbricado en todas las estructuras del partido -sin descartar el objetivo de la financiación ilegal-, en su modo de actuar y en la impunidad con que ejerce el poder político cuando lo detenta. Por mucho que Mariano Rajoy pretenda que la corrupción se adjudique en pretérito a los gobiernos presididos por José María Aznar, de los que además él formó parte destacada, y sin olvidar que dos tercios de los ministros, incluido él mismo, de aquellos ejecutivos se han visto salpicados en mayor o menor medida por sobresueldos, adjudicaciones ilegales, tarjetas blacks y demás, la realidad es que la extensión institucional y territorial de este último caso solo puede achacarse al PP de Rajoy porque únicamente puede considerarse desde ópticas que, en cualquier caso apuntan a su responsabilidad directa. No en vano, o la estructura delictiva es continuación-sustitución de las que habían venido funcionando en torno a las instituciones gobernadas por el PP, o es fruto de la permisividad del PP de Rajoy para con sus corruptos, a los que solo ahora y en este caso exige la renuncia, o bien es el resultado de ambas cosas.