AES: realidad y responsabilidad

LA interesada reiteración en la populista polémica pública respecto a las ayudas sociales (AES) que impulsa el PP, a través del alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, primero; y del diputado general de Araba y vicesecretario general del partido, Javier De Andrés, después; rezuma irresponsabilidad y denota la irrelevancia que algunas formaciones otorgan a la realidad cuando esta no colabora en sus objetivos políticos. Porque no puede calificarse salvo de peligrosamente irresponsable la pretensión de establecer una relación directa entre el fraude en las prestaciones y el colectivo inmigrante y porque dicha pretensión, así como la presunta extensión del supuesto fraude al que aluden, está muy lejos de esa realidad. En primer lugar, según datos de Lanbide, de las sesenta mil familias perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda, cerca de cuarenta mil, el 60%, son originarias de nuestro país y sólo el 9%, pertenecen al colectivo étnico al que se han referido los dirigentes del PP del País Vasco. En segundo lugar, tras procederse en 2012 y 2013 a una profunda revisión de las prestaciones, Lanbide ha cuantificado el porcentaje del fraude entre el 1% y el 5%. Con esas cifras, que tanto Maroto como Javier De Andrés deben conocer por su condición de cargos públicos, las pretendidas denuncias del PP sólo pueden surgir de profundas carencias en el sentido del respeto al diferente que situarían a quienes las plantean sin justificación muy cercanos a actitudes racistas o xenófobas. O en su defecto se trata de un vano intento de ocultar otras carencias, las que presenta la protección social en el Estado en comparación con el sistema vasco, cuyas ayudas suponen el 40% del total del gasto estatal en la materia con menos del 6% de la población. Asunto diferente es que, aunque las ayudas deban ser contempladas desde el principio de insuficiencia por cuanto siempre son mayores las necesidades sociales que las posibilidades públicas para hacer frente a las mismas, estas no deban ser también adecuadas a dichas posibilidades. Por supuesto que prevaleciendo la urgencia en la atención a los más necesitados frente a consideraciones políticas mucho más prosaicas. Prevalencia que en Euskadi ha permitido, por ejemplo, incrementar el capítulo de las AES en este ejercicio pese a la relevante reducción global de los presupuestos respecto al pasado año.