El curso de la incertidumbre

EL inicio del curso escolar tiene este año un calado especial por la implantación forzada, precipitada e improvisada de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Una obsesión personal del ministro de Educación, José Ignacio Wert, compartida y amparada por el conjunto del Ejecutivo de Mariano Rajoy y el Partido Popular. A estas alturas no tiene mucho sentido volver a recordar la sucesión de arbitrariedades que incorpora la norma y que han provocado el rechazo generalizado en el sector educativo en Euskadi y fuera de ella. Pero sí es preciso recordar, precisamente cuando arranca el curso de su implantación, que la unilateralidad que ha marcado su definición e imposición es además el germen de un período de incertidumbre que cuestiona la realización del objetivo que pomposamente recoge el nombre de la norma. Es más que cuestionable que el modelo educativo español -no digamos el vasco, cuyas características específicas le sitúan muy por encima en materia de calidad y resultados- esté en disposición de acometer el reto de la mejora de su calidad en un momento de recortes en sus dotaciones. Hasta 24.000 docentes menos en la legislatura del PP, según denunciaban días atrás las asociaciones de padres y madres del Estado. Igualmente, no le va ayudar en ese objetivo la conflictividad abierta que ha suscitado en la propia comunidad educativa, con el rechazo al desmantelamiento en la práctica de mecanismos de participación clave como los consejos escolares, mermados en sus competencias y capacidades. Todo en aras de una recentralización del modelo que permita definir en el Ministerio aspectos que hasta la fecha no le competían. La obsesión por el control se ha sumado a la de la prisa por su implantación y la carencia de dotación económica para la transformación. La prisa del Gobierno español tiene que ver con la dificultad de asegurar la sostenibilidad de la ley en un proceso más amplio, más participado por la comunidad educativa y las administraciones autonómicas, que tendrán que asumir el coste del modelo. Esa prisa se traduce en que el proceso de definición mediante decretos autonómicos no se ha podido realizar en plazo y hoy las dudas son más que razonables. El Gobierno vasco deberá garantizar que no haya un indeseado impacto de esta coyuntura sobre la calidad del sistema vasco.