Corona y legitimidad

Los monárquicos jamás hubieran pensado en la abdicación de su rey. Él, algunos años atrás, seguro que tampoco. A lo mejor la crisis del bipartidismo, principal baluarte de la monarquía parlamentaria, le ayudó en la toma de esta decisión. ¿Podría, tal vez en breve, el juez Castro ampliar el número de imputaciones de la infanta?... Esta institución, en la figura de Juan Carlos I, ha intentado acumular a lo largo de su reinado bastantes activos que, últimamente, se han convertido en pesadas cargas. Con la abdicación del rey, de alguna manera, se intentan eliminar estas últimas, salvando a su hijo, de momento mejor valorado y alejado de la sombra de la corrupción. Pero no es tan fácil. A pesar de que la abdicación fue un hecho relevante, la noticia histórica habría sido la convocatoria de un referéndum en el que se aclarasen de una vez por todas las dudas que planean en torno a la legitimidad de la institución monárquica. Es cierto que cuando se votó la Constitución en 1978 se admitía la monarquía como la forma de organizar el Estado. Punto que ahora genera controversias. Por otro lado, Juan Carlos I fue traído con el beneplácito de un dictador que tras una Guerra Civil había derrocado a una república legitimada en las urnas. Los constitucionalistas sobrevaloran su tarea en la consolidación democrática. A la vez que lo que nos cuentan de su actuación en el 23-F ha servido para fomentar la leyenda de monarca demócrata. En definitiva, su labor ha quedado sobredimensionada, hasta el punto de que democracia y corona han sido convertidas en un tándem. Pero un sentido crítico de los acontecimientos, de la Historia, destruiría este binomio. El Príncipe puede heredar un trono, pero no el aura de legitimidad en la que se le envolvió a su predecesor. Los ciudadanos en estas cuatro décadas han alcanzado la madurez política para demandar más gestos democráticos. La monarquía debería someterse a un plebiscito, para que las personas se pronuncien con libertad.