LA llegada a Euskadi de la jueza María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires y encargada de la querella presentada en Argentina por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por la dictadura franquista desde el 18 de julio de 1936 al 17 de junio de 1977, supone algo más que la ya relevante recopilación de información necesaria o la práctica de determinadas diligencias. La presencia de la magistrada en nuestro país -algo que, por ejemplo, evitó el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, hace apenas unos meses- visibiliza la necesidad de una intervención internacional para que siquiera in extremis ante la muerte de las víctimas y sus victimarios se pueda paliar la desidia del Estado respecto al reconocimiento y reparación de la brutal represión franquista, cuando no su ocultamiento. Prueba evidente son el auto de octubre de 2008 por el que el juez Baltasar Garzón atribuyó a Franco y a casi medio centenar de jefes de su golpe de Estado la paternidad del exterminio sistemático de sus oponentes políticos y, apenas un mes después, la posterior inhibición del propio magistrado dando por extinguida la responsabilidad penal de los masivos crímenes que él mismo había contabilizado en al menos 114.266 desaparecidos, curiosamente sin incluir la represión en Euskadi. O, más reciente, la decisión del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Pedro Martínez Torrijos, de no apoyar la solicitud de extradición, firmada por la propia María Servini, de Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, y Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, acusados crímenes de lesa humanidad y reconocidos torturadores. Estos y otros casos, alguno de ellos interesando a ministros de la denominada transición, estarían entre los objetos de investigación por parte de la jueza argentina, pero en cualquier caso constatan el incumplimiento por parte de los gobiernos españoles no ya de la Ley de Memoria Histórica sino de los elementales principios de moralidad democrática que exigen, también desde las leyes internacionales, la reparación en lo posible de las vulneraciones de Derechos Humanos. Y ello no solo proyecta serios interrogantes sobre la calidad democrática del Estado sino que deslegitima ciertas exigencias de otros actos de contricción que, sin embargo, son igualmente imprescindibles.