EL fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha denunciado ante el Congreso de los Diputados la falta de medios y leyes para luchar contra la corrupción en el Estado español. No es la primera vez. Torres-Dulce, otro cargo político nombrado a dedo por el Gobierno de Rajoy para controlar la actuación de los fiscales, ya mantuvo el mismo discurso hace apenas seis meses. Pero no parece que haya hecho nada para que las cosas cambien. No se puede olvidar que la primera obligación jurídica del fiscal general es garantizar el cumplimiento de la ley, y si él mismo reconoce que carece de recursos humanos, materiales y legislativos para garantizar ese cumplimiento en el extenso ámbito de la corrupción, cabe preguntarse cuál es su función y cuáles las razones que le llevan a seguir en ese cargo. Porque la Fiscalía Anticorrupción, como el resto de la organización fiscal, depende jerárquicamente del fiscal general. Torres-Dulce enumera una realidad objetiva en juzgados de instrucción e incluso en los altos tribunales de justicia, la falta de recursos humanos y materiales en la Justicia española, pero debiera ser él mismo el que asumiera la responsabilidad política por la situación que denuncia. Sin olvidar que en muchos casos han sido las órdenes política dirigidas desde la propia Fiscalía las que han determinado instrucciones para ralentizar, entorpecer o incluso paralizar determinadas denuncias e investigaciones judiciales sobre importantes tramas de corrupción, desde el caso Bárcenas al caso Blesa en Bankia. Quizás es el propio órgano fiscal en España lo que necesite una profunda reforma, además de más medios. Ahora bien, atajar la corrupción no es solo castigarla a posteriori, no es una mera cuestión jurídica. La prevención, entendida como cultura ética y democrática, es fundamental para evitar conductas reprochables. En ese sentido, la puesta en marcha hace seis meses por parte del Gobierno vasco del Código Ético y de Conducta, de obligado cumplimiento para todos los altos cargos, y el nombramiento de una cualificada comisión que vela por su cumplimiento ha marcado un hito en la Administración en Euskadi. El balance de su labor es francamente positivo y va marcando una doctrina de comportamiento que hace más difícil la corrupción o el aprovechamiento del cargo. Es, sin duda, una medida que debe generalizarse a todas las administraciones.
