EL hallazgo ayer mismo en las playas de Ceuta de otros dos cadáveres eleva a 15 la cifra, aún provisional, de inmigrantes muertos la pasada semana cuando intentaban alcanzar las costas de la ciudad autónoma de soberanía española en el norte de África. Una tragedia que, a la vista de los acontecimientos que la han rodeado, va mucho más allá de un presunto accidente a los que, desgraciadamente, la sociedad parece haber empezado a acostumbrarse cuando grupos de personas por lo general de procedencia subsahariana arriesgan su vida con la esperanza de una vida mejor en la rica Europa. Es más, y a la espera de que se conozcan todos los datos -si es que llegan a hacerse públicos, dado el absoluto oscurantismo y hasta obstruccionismo de que han hecho gala hasta ahora las autoridades responsables-, el drama no solo podía haberse evitado sino que es muy posible que, al menos en gran parte, haya estado causado directamente por una actuación desproporcionada, ilegal, inhumana y negligente. Repeler, como hizo la Guardia Civil, a un puñado de inmigrantes con material antidisturbios mediante el lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo incluso cuando se encontraban en el agua constituye un hecho gravísimo, incompatible con el respeto a los derechos humanos más elementales y pudo ser el motivo del fallecimiento de muchos de ellos. Así lo entienden la opinión pública, los partidos políticos (toda la oposición), decenas de ONG, organizaciones pro-derechos humanos y hasta la Comisión Europea, que ha mostrado su "grave preocupación" por lo ocurrido, ha exigido que se investigue y ha amenazado con sanciones a España. Eso es justamente lo que debe hacer el Gobierno: una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente y depurar responsabilidades. De momento, no parece que vayan por ahí las intenciones. Desde el principio, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior han mentido y han ocultado hechos y datos. A la habitual actitud prepotente del ministro Jorge Fernández Díaz se ha unido la incompetencia -ya demostrada anteriormente por ejemplo en su etapa como delegado del Gobierno en Galicia cuando se hundió el Prestige-, el despotismo y las falsedades del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Los muertos en esta tragedia y el Estado de derecho merecen toda la verdad.