EL acuerdo alcanzado por la Comisión Europea (CE) y Google, que evitaría a la empresa estadounidense el pago de una multa multimillonaria de hasta 5.000 millones de euros por abuso de posición dominante -a cambio de abrir, lógicamente de modo limitado, sus servicios especializados de búsqueda a competidores- es una muestra más de los grandes intereses que condicionan las actitudes y decisiones de la CE hasta el punto de arriesgar su legitimación a ojos de los ciudadanos y de otras instituciones. Ya es cuestionable que el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, realizara ayer el anuncio del acuerdo antes incluso de informar del mismo a las 18 partes que presentaron la demanda contra Google, especialmente si estas ya habían rechazado con anterioridad dos principios de acuerdo previos entre la CE y el buscador estadounidense. Pero lo es mucho más si el acuerdo se compara con otras decisiones sobre la competencia que han emanado de la CE. Basta recordar el empeño de la Comisión, y en su caso del propio Almunia, y su resistencia no ya a comprender las especificidades fiscales vascas, sino incluso a negociar las compensaciones económicas impuestas por la justicia europea. También la polémica del tax lease, aún sin resolver convenientemente y que ya en sí misma presenta una clara discriminación frente a las políticas de ayuda a sus respectivos sectores navales por otros países de la Unión. O incluso la exigencia generalizada de provisiones al sector bancario, que perjudicaba claramente a las cajas vascas, mucho más solventes y de modelo de gestión acreditado en contraste con las entidades que arrastraron al sector a la situación de rescate. Y no es cuestión de que el caso de Google no sea idéntico. Tampoco, como pretende Almunia, de la prioridad de defender al consumidor en lugar de a los competidores. Sí de un tratamiento favorable a una empresa no perteneciente a la UE a la que Francia analiza imponer una multa de 1.000 millones de euros por eludir el pago de impuestos, la misma firma que junto a las otras seis principales empresas tecnológicas apenas aportó 1,2 millones a la Hacienda española en su última declaración, en ambos casos mediante el nada dudoso procedimiento de trasladar la tributación a países, como Irlanda, con menor presión fiscal. Si caben dudas de esa relación diferente, una imagen vale más que mil palabras: la pantalla de Google tras el comisario de la Competencia en la rueda de prensa de este ayer en Bruselas.