EL primer informe de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la corrupción en el seno de la Unión Europea (UE), realizado por la cartera de Asuntos de Interior que lidera la comisaria Cecilia Malmström, constata el coste económico que las prácticas corruptas suponen para la UE -120.000 millones de euros anuales- pero sobre todo desvela las carencias de las instituciones europeas no ya en la erradicación de las prácticas corruptas sino en el desarrollo de herramientas de control. La misma Comisión ha necesitado diez años para elaborar el informe al respecto desde que el 28 de mayo de 2003 abogara por una política global de la UE que incluyera el "desarrollo y la mejora de las herramientas de investigación", la "elaboración de normas comunes de integridad para las Administraciones públicas" y la "intensificación de la lucha contra la corrupción política y la financiación ilegal de los agentes sociales". Dichas carencias no impiden que la CE evidencie, en los quince folios del anexo dedicado al Estado español, la existencia de un caso que afecta "a un extesorero de un partido político y casi noventa destacados políticos, empresarios y banqueros" -eso sí, sin siquiera citar al PP o el caso Bárcenas, ni conocer las novedades que afectan a un personaje tan relevante como Álvarez-Cascos-, a constatar que los medios de comunicación se hicieron eco entre 1996 y 2009 de 5.144 casos de corrupción que afectaron a 600 municipios y a señalar desde las mismas fuentes que 19 alcaldes fueron detenidos con cargos de corrupción en 2011; y aportar a modo de conclusión un simple dato estadístico extraído de los Eurobarómetros: el último revela que el 95% de los ciudadanos del Estado español -frente a la media del 75% de la UE- creen la corrupción muy extendida. Ahora bien, la CE debe practicar su particular acto de contricción al respecto ya que centra el informe en los niveles institucionales más cercanos al ciudadano y no enumera siquiera los casos de malas prácticas, evidentes e incluso públicas, en que se ha visto y se ven envueltos el Gobierno del Estado y la Casa Real española a pesar de que el art. 29 del Tratado de la Unión menciona la prevención y la lucha contra la corrupción como objetivo y de que esas políticas de integridad forman parte del acervo exigido en las negociaciones de adhesión a los países miembros.