LAS palabras del consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón, advirtiendo de que "en la medida en que podamos mantener la legislación anterior, así se va a hacer" al respecto de la contestada reforma de la ley del aborto presentada por el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, no son sino una respuesta acorde a la realidad social, dado que en la sociedad vasca ni existe ni ha existido el debate que desde algunos sectores del PP y del Gobierno español se pretende respecto a la legislación todavía vigente. Las mismas estadísticas vascas cuestionan buena parte de los argumentos sobre los que supuestamente se asienta la reforma por cuanto el número de interrupciones del embarazo en Euskadi está muy por debajo de la media estatal -1% de mujeres en edad fértil- y aún reconociendo el incremento del mismo en las últimas décadas, dicha evolución ha reflejado un cambio de tendencia y un descenso relevante en los dos últimos años (también en el cómputo del Estado el número de abortos ha caído un 5,3%), lo que lleva a deducir que en la incidencia del aborto las leyes que lo regulan no son determinantes o, al menos, que no lo son en la medida de otros factores sociales y culturales, incluyendo el de la inmigración (el 44% de los abortos corresponden a inmigrantes). Hay otro dato, este de salud pública, que también llevaría a cuestionar seriamente la aplicación sin más de la reforma tal y como la pretende imponer el ministro Gallardón: el 94% de los abortos practicados en Euskadi se realiza en el plazo de las primeras 14 semanas de embarazo que permite la ley en vigor y todos ellos serían ilegales con la ley de supuestos que impulsa el PP, con la evidente repercusión en el control médico y los riesgos para la salud de la mujeres (47.000 mueren cada año en el mundo a causa de las complicaciones en este tipo de intervenciones). Todo ello se refuerza, además, en el hecho de que la mayoría de los países de la UE -21 de 28- cuentan con leyes similares a la que se pretende reformar, y de que desde la propia UE han surgido numerosas voces que cuestionan la reforma Gallardón y su carácter ideológico y alejado de los principios que al respecto recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).