EL Plan de Empleo y Reactivación Económica 2014-2016, que ya ha comenzado a ser implantado por el Gobierno vasco y que en su globalidad comprende la intención de crear 32.000 empleos con una aportación económica de 6.745 millones de euros, afronta en sus diversos aspectos -programas de empleo (775 millones), medidas de reactivación económica (3.840 millones) y avales a las empresas (1.860 millones)- la que es sin lugar a dudas la prioridad sociopolítica, y por tanto debe serlo de las instituciones públicas, de nuestro país. Cuando los datos macroeconómicos parecen hacer sitio a un ápice de esperanza en la resolución de una crisis que en los últimos seis años ha venido atenazando el desarrollo de nuestro destacado modelo social, se antoja imprescindible el traslado de dicho atisbo de bonanza a la realidad diaria mediante la puesta en marcha, desde el ámbito público en todos sus niveles pero con la colaboración de la iniciativa privada, de los mecanismos necesarios para la reducción de la tasa de desempleo del 16%, con especial énfasis en aquellos grupos de población más representados en la misma: jóvenes, mujeres y parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión. Y ello, aunque lógicamente vinculado a la innovación e internacionalización del tejido industrial, por ser motor e imagen de nuestra economía, comprende asimismo otros ámbitos de desarrollo económico a través del emprendizaje y el impulso al autoempleo, y otros sectores, como el de servicios o el primario, y con una perspectiva los más cercana, es decir, local. Los propósitos señalados por el Plan, cierto es, son ambiciosos para un periodo de apenas tres años, ya que 32.000 puestos de trabajo equivalen a una quinta parte de los 158.400 parados con que la CAV cerró el pasado ejercicio. Más cuando aún no se ha detenido la destrucción de empleo. Pero incluso en el caso de que los resultados se limitaran al 63% del objetivo óptimo, como ya se hizo en 2013 con ocho mil nuevos puestos de trabajo de los 12.700 previstos, se habrían creado hasta 2016 más de 20.000 empleos, con la repercusión socioeconómica inmediata y la más difícilmente mensurable percepción a medio plazo que supondría. Y eso merece un esfuerzo. También en cuanto a la ampliación de los consensos -políticos y laborales- que ayudarían a impulsar los resultados del Plan.