LA imposibilidad práctica de poner en marcha en Euskadi con garantías suficientes para centros, profesores y, sobre todo, alumnos la nueva Formación Profesional (FP) Básica constata el grado de irreflexión e improvisación con que se ha confeccionado y se trata de imponer la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), cuya implantación supondría en este caso, aunque no solo, precisamente todo lo contrario a su enunciado. No se trata ya de la invasión competencial. Ni tampoco únicamente de la convicción de que tras la reforma educativa que ha impulsado el a pesar de todo todavía ministro Wert, se halle únicamente el despropósito de un impulso ideológico y el afán uniformador de limitar las peculiaridades educativas y culturales en el Estado, aún cuando estas hayan supuesto el desarrollo de una educación de mayor nivel, como en Euskadi. Ni siquiera es solo que además el a pesar de todo todavía ministro pretenda la mera ocultación estadística de los insoportables niveles de fracaso escolar que soporta la educación obligatoria española mediante su traslado a la FP Básica, con lo que supedita la calidad de la enseñanza y en el caso vasco la continuidad del contrastado éxito de la Formación Profesional a la apariencia política de reducir el número de alumnos que en el Estado no finalizan la ESO. Por no hablar de la afección al reconocido nivel de la FP vasca del acceso a su grado medio de alumnos sin la capacitación que ofrece el hecho de haber superado la Secundaria. Es que, además, el a pesar de todo todavía ministro ni siquiera se ha preocupado por las peculiaridades de la Formación Profesional en el Estado, que en el caso de la CAV, pero no solo, incluye por ejemplo la existencia de especializaciones diferentes, adaptadas a un mercado laboral específico vasco, diferente al del resto del Estado, lo que se traduce en que los Programas de Cualificación Profesional incluyan 26 títulos mientras la nueva FP Básica plantea solo 14. Y que, para colmo, todas estas y otras carencias de la Lomce, que quizás podrían ser subsanadas o cuando menos paliadas mediante un estudiado, consensuado y más profesional desarrollo de la misma, se agravan por la incomprensible premura con que este se realiza, lo que lleva incluso a pretender incumplimientos legales en materia curricular y normativa propia.