LA nada inocente filtración desde el Ministerio del Interior de un documento, presuntamente incautado en la última operación policial, que se pretende pauta pactada entre el PNV y Sortu en torno al proceso de pacificación, solo se puede entender como un burdo -y de cara a la opinión pública vasca inútil- intento de criminalización de los esfuerzos que tanto desde la formación jeltzale como desde el Gobierno que lidera Iñigo Urkullu se vienen realizando por consolidar la paz. Por el contrario, la procedencia de ese intento, así como el cauce utilizado, no hacen sino evidenciar de nuevo los diversos intereses entrecruzados y contrarios a los de la ciudadanía que tratan de ralentizar, cuando no bloquear, la normalización en Euskadi y que sin embargo hoy, más de dos años después del fin de la violencia, no explican -ni pueden ni deben hacerlo- el mantenimiento por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy de las mismas políticas que se venían desarrollando en plena espiral violenta. En contraste, se antoja determinante que el Gobierno vasco se mueva por la paz y se esfuerce en conseguir -incluso a sabiendas de que esos intentos de contribuir a la paz serán reinterpretados, manipulados y utilizados en su contra- a través de la izquierda abertzale la aceptación de principios básicos como la admisión del daño causado, la asunción de la legalidad o el desarme, mojones que difícilmente se alcanzarían sin su participación y mucho menos mediante las políticas únicamente coercitivas e ignorantes de derechos individuales practicadas desde Madrid. Es tan evidente que desde el mismo Partido Popular del País Vasco y a través de su presidenta, Arantza Quiroga, se trata en cierta forma de reconducir la situación ante la consciencia de una realidad, la del fin de la violencia, que algunos sectores políticos y mediáticos en el Estado español solo pretenden distorsionar. La que parece inminente reunión del lehendakari Urkullu y el presidente Rajoy debería servir para reorientar la acción (o inacción) del Gobierno español, especialmente en materia penitenciaria y en lo que concierne a los derechos individuales de los presos, sin que eso presuponga un ápice de relajación en la exigencia a ETA de su desarme y disolución definitiva.