MÁs allá del esfuerzo del aparato de propaganda del PP para exagerar los resultados de su visita de la semana pasada a Barack Obama y de la entusiasta exaltación de los medios afines -un encuentro que no tuvo eco alguno en la prensa de EE.UU.-, la realidad ha colocado al presidente y a la política española en su penoso espejo. El Consejo de Europa ha hecho público un clarificador informe en el que cuestiona duramente el control político sobre los altos tribunales de justicia y las presiones sobre jueces y fiscales y pone en duda la independencia judicial de los órganos de gobierno de la judicatura española. El mismo día, por cierto, en el que el fiscal Pedro Horrach presentaba un nuevo escrito en el que acusaba abiertamente al juez José Castro de urdir una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta Cristina con el fin de atribuirle un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. ¿Por qué el fiscal, si está convencido de sus argumentos, no ha recurrido la imputación? ¿Acaso se está diseñando ya la estrategia para recusar al juez Castro y apartarle del caso como ocurriera con el juez Elpidio Silva tras imputar al exdirector de Caja Madrid, Miguel Blesa? Evidentemente, Cristina de Borbón tiene derecho a utilizar los mecanismos que el sistema le permite para asegurarse su mejor defensa, pero sigue resultando asombroso, también para las instituciones europeas, la confusión de papeles entre los diferentes sujetos judiciales a la hora de valorar determinados casos de presunta corrupción que afectan a destacados dirigentes políticos, institucionales o financieros. El mismo Consejo de Europa advierte, al tiempo que reclama nuevos y objetivos sistemas de elección de los máximos responsables de jueces y fiscales, que el sistema denominado de puertas giratorias está cada vez más bajo sospecha. En este sentido, el Consejo recomienda al Estado español adoptar medidas para evitar comunión de intereses entre políticos y empresarios después de que haya perdido posiciones en el índice de transparencia en los últimos años hasta situarse en los lugares de cola en el mundo. Rajoy y el PP quieren limitar el debate público a lo que denominan recuperación económica, pero el último sondeo del CIS situaba a la corrupción como la segunda preocupación ciudadana, el aspecto que más crece en los últimos meses.