LOS dos años y veintiocho días transcurridos desde que Mariano Rajoy accediera formalmente a la presidencia del Gobierno español parecen el aggiornamiento de la teoría política de Giulio Andreotti (junto a escándalos de corrupción similares a algunos de los que también se le atribuyeron). Si la máxima del ex presidente italiano era que gobernar no consiste en solucionar problemas sino en acallar a sus protagonistas, Rajoy ha optado directamente por ignorar tanto a unos como a otros. Parapetado tras la prioridad de enfrentar la crisis económica -a pesar de que el ejercicio de su gobierno al respecto se ha limitado a la trasposición al Estado (en realidad a sus ciudadanos) de las directrices emanadas desde organismos internacionales-, Rajoy ha optado por enrocarse en sí mismo, petrificado por las presiones de los sectores más inmovilistas del partido que también preside, para no encarar los otros dos grandes desafíos de su mandato: el proceso de paz en Euskadi y el proceso soberanista de Catalunya. Quizás porque considera, como Francis Bacon, que todo cambio en materia de gobierno es sospechoso. Han sido 758 días de su presidencia sin alterar un ápice sus políticas pese a que ETA ya había declarado el fin unilateral de su actividad y al profundo cambio político y social que se desarrolla en Euskadi desde entonces, incluida la asunción de la legalidad vigente por quienes habían defendido el uso de la violencia con fines políticos. Y han sido más de quince meses de nada más que la rotunda negativa al pacto fiscal que le ofreció Artur Mas el 20 de setiembre de 2012, nueve días después de que la manifestación de la Diada de ese año diera inicio a lo que finalmente se ha convertido en una exigencia del derecho a decidir absolutamente mayoritaria en la sociedad catalana. En ambos casos, sin embargo, la sensación de inanidad -cuando no de algo peor- que ofrecen Rajoy y su Gobierno a los ciudadanos de las dos naciones no hace sino que estos profundicen en sus exigencias. De momento, mediante la reclamación del Gobierno vasco, reiterada ayer por su portavoz, Josu Erkoreka, para una cita urgente en la que poner fin al inmovilismo en materia de paz y normalización; y mediante la solicitud al Congreso, en el caso catalán, del traspaso de la competencia para convocar el referéndum.