LA resolución que el Parlament de Catalunya aprobará hoy, por una amplia mayoría, para solicitar al Congreso que el Estado transfiera la competencia de celebrar la consulta del próximo 9 de noviembre no es sino la vía por la que la Generalitat y los partidos nacionalistas (junto a ICV) tratan de encauzar en la legalidad la absolutamente mayoritaria demanda social de que Catalunya pueda decidir por sí misma su estatus político y su relación con el Estado. Nada menos que el 71% de los catalanes, según la última encuesta realizada en octubre al respecto por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, exigen la convocatoria del referéndum. Sin embargo, los dos principales partidos de ámbito estatal y con responsabilidades de gobierno en España hacen oídos sordos a tal demanda y se resisten a facilitar la convocatoria a pesar de que la solicitud al Congreso de la competencia para realizarla es plenamente constitucional y se atiene a lo que especifica el artículo 150.2 de la Carta Magna sobre la delegación de competencias por el Estado a las CC.AA. La negativa del PP y el PSOE -que se escenificará hoy en minoría en el Parlament- a la consulta no halla, por tanto, sustento en la ley. Se fundamenta, por el contrario, en un trasnochado criterio de unidad del Estado, al servicio del cual se opta por supeditar principios y libertades fundamentales, como el derecho y ejercicio de voto, al interés y la disciplina partidarios, lo que pone en evidencia su escasamente democrático concepto de la política. De ahí los profundos disensos y resistencias internas -con renuncias como la del parlamentario y alcalde de Lleida, Ángel Ros- que sufre el PSC ante el acatamiento por su secretario general, Pere Navarro, de las directrices que, emanadas desde Madrid, obligan a los socialistas catalanes a renunciar al apoyo a la consulta que llegaron a enarbolar. Todo ello impulsado por el temor de Madrid al resultado del referéndum, quizás en la consciencia de que el 40% de apoyo independentista, según la última encuesta realizada por el CIS, es un porcentaje superior al del creciente independentismo en Escocia, nación a la que, en claro contraste, el Parlamento británico sí ha delegado la competencia para realizar el referéndum de independencia el próximo 18 de setiembre, menos de dos meses antes de la fecha planteada por el president Artur Mas.