LA inhabitual convocatoria conjunta de EAJ/PNV y Sortu, representantes de las dos primeras sensibilidades políticas en Euskadi, a una movilización hoy en Bilbao no es sino el traslado a impulso político del mayoritario repudio social a la actitud de sectores muy ideologizados de los poderes del Estado que, desde ámbitos del gobierno y la justicia, están dispuestos a sembrar de dificultades el proceso de pacificación y normalización en nuestro país. Prueba evidente es el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Eloy Velasco, que horas antes a esa convocatoria declaraba ayer "ilícita" la movilización "organizada por la plataforma Tantaz Tanta" en defensa de los derechos individuales de los presos. Dicho auto desprende un rotundo desprecio de la jerarquía legislativa que se presume a la presencia en el texto constitucional de derechos fundamentales como los de manifestación y libre expresión. En el fondo, al someterlos ante una simple medida cautelar e ignorarlos en su único razonamiento jurídico que basa en una "presunción indiciaria", la del "carácter terrorista de Herrira". En las formas, al limitar el argumentario de la ligazón entre esta y la convocatoria a la copia textual de los presentados por la Guardia Civil y del recurso del fiscal en la petición de prohibición. De semejante confección del auto se deduce, además, que dos años después del fin de la violencia se mantiene vigente la justicia de corte policial que se había desarrollado a partir de la tesis del "todo es ETA" iniciada por el hoy exmagistrado Baltasar Garzón. Y en el hecho de que el juez Velasco despache con esa displicencia en cuatro folios una prohibición que una hora antes -previamente a dar traslado de las diligencias a su juzgado por ser el que procedió a ilegalizar Herrira- otro juez, Pablo Ruz, había rechazado por considerar que no se podía desprender delito de las pruebas aportadas en los informes "descriptivos" de la Guardia Civil; se adivinan los intereses políticos de los que dependen determinadas decisiones judiciales. Siendo esto así, solo cabe apoyar las nada veladas exigencias de partidos e instituciones vascas para que se alteren las directrices de las políticas del Gobierno Rajoy que afectan a la pacificación y normalización de Euskadi, llegando al relevo de sus principales responsables si es necesario.
