Una pretensión inconsistente

LA solicitud por la fiscalía de la Audiencia Nacional de la prohibición de la movilización convocada para mañana, sábado, en Bilbao para reivindicar el respeto de los derechos de los presos y el fin del alejamiento, pone por enésima vez en evidencia la escasa relevancia que el Gobierno español -y más concretamente los ministerios de Justicia e Interior- concede a derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin entrar siquiera en la inoportunidad de que el Gobierno, a través del ministerio fiscal, fuerce aún más su presión sobre el entorno político y social de aquellos que han decidido abandonar la práctica de la violencia tras más de tres décadas, ni en los motivos e intereses que mueven al Ejecutivo a hacerlo, absolutamente ajenos a la cuestión y al bien común y último de la paz; las presuntas causas aducidas por el fiscal Carlos Bautista en su escrito al juez Pablo Ruz para solicitar la prohibición adolecen de la mínima consistencia imprescindible para oponerlas al ejercicio de derechos básicos, tales como el de libertad de expresión o manifestación, explicitados en los artículos 20.1, 20.2 y 21 y protegidos por el artículo 53.1 de la Constitución. Pretender ignorarlos con la prohibición de una movilización cuya finalidad el propio fiscal califica de "aparentemente inocua" en base únicamente a la presunción de que esta sería "ilícita" al formar parte de una estrategia diseñada por Herrira, "una organización de la que indiciariamente se presume su carácter terrorista", es decir, que ni siquiera ha sido aún considerada como tal al ser dicho carácter cosa no juzgada; es una burla a los principios jerárquicos de la ley y una burda utilización política de las herramientas de esta hasta el punto de tergiversar el espíritu de la misma con fines de interés político. Más grave incluso, por lo que supone de obviar el interés general, también constata que en amplios sectores de los poderes públicos del Estado español no existe disposición alguna a acompañar a la absoluta mayoría de la sociedad vasca en el nada indisimulado deseo de poner fin a la violencia y ahondar en la normalización. No ya por la ausencia de una siempre exigible voluntad de diálogo, sino por la inexplicable e irracional cerrazón en el incumplimiento de las propias leyes al ignorar en materia penitenciaria el principio básico -y asimismo constitucional- de la reinserción.