LA imputación por el juez José Castro -por segunda vez tras un primer auto que bloqueó la Audiencia de Palma en abril del pasado año- de la infanta Cristina de Borbón por presuntos blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y manejo de fondos opacos responde tanto a la lógica judicial y la jurisprudencia en circunstancias similares como a los antecedentes del propio caso Nóos. Y no es el menos relevante de entre estos últimos la imputación casi inicial en la causa de Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto que da nombre al caso y a través del que ambos habrían ingresado fraudulentamente 6,4 millones de euros provenientes de administraciones públicas regidas por el PP entre 2004 y 2008. Que dicha imputación se mantenga tras la declaración de la infanta el próximo 8 de marzo y que en el caso de mantenerse devenga o no en condena, sin embargo, parece verse condicionado más allá de la lógica y la jurisprudencia judiciales desde el momento en que la Casa del Rey utiliza en un medio público, RTVE, toda su capacidad de influencia y presión para hacer proselitismo con un posicionamiento sobre el caso que obvia detalles nada nimios como la implicación de Carlos García Revenga, secretario de las dos infantas y hombre del más estrecho círculo de confianza de Juan Carlos I. Evidencia de ese condicionamiento ajeno a la estricta aplicación de los procedimientos judiciales es que aun tratándose de delitos en los que el perjudicado por la presunta actividad delictiva de la infanta son el Estado (Hacienda) y los derechos e intereses públicos de los ciudadanos, ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal se han personado en defensa de estos a pesar de que dicha actitud cuestiona su respuesta a la responsabilidad que les compete, en el caso del fiscal llegando al despropósito de ejercer como avalista de la no imputación de la infanta. Y ello viene a poner de nuevo en solfa el principio constitucional de igualdad ante la ley -la inviolabilidad e irresponsabilidad que el art. 56.3 atribuye al rey no se extiende a su familia-, cuestiona la credibilidad de las instituciones españolas en su pretendida defensa de la Constitución y la legalidad, y contribuye a la ya extendida corrosión que afecta al Estado en todos los niveles, también y especialmente en el de su jefatura, que representa la Corona.