MÁS allá de las responsabilidades -graves, en cualquier caso, si se confirma la secuencia de hechos- en que pudiera haber incurrido el autor o autores del lanzamiento de una bengala que pudo causar el incendio de un inmueble en el barrio de Trintxerpe en Pasaia durante la pasada Nochevieja, la utilización de material pirotécnico potencialmente peligroso, y más aún en manos inexpertas e incluso por parte de menores de edad, se está extendiendo de una manera alarmante por toda la geografía vasca. Una vez más, ha tenido que ocurrir una desgracia -afortunadamente, sin víctimas- para que la sociedad ponga su foco en una costumbre que se viene generalizando en los últimos años. Cuarenta familias desalojadas en plena noche y que se han quedado sin hogar, además de otros incidentes por suerte con consecuencias menos graves, debe llamar a la reflexión general y a la toma de decisiones por parte de las instituciones. Es palpable que no basta con una regulación mínima y excesivamente permisiva con respecto a la venta de petardos, cohetes y demás material pirotécnico, por mucho que su utilización pueda considerarse más o menos "segura" si se hace de manera adecuada, en los lugares indicados y por personas responsables. Las despedidas de año, en general, no son precisamente un momento en el que impere la serenidad y la mesura por parte de muchos de los usuarios de estos artefactos, que pueden convertirse, como en Trintxerpe, en pirómanos accidentales. Tampoco es posible una vigilancia lo suficientemente exhaustiva capaz de impedir, de hecho, utilizaciones indebidas. Pero sí es posible y necesario arbitrar una normativa estricta, que incluya prohibiciones taxativas en los casos en que se considere necesario, controles, sanciones ejemplarizantes y, sobre todo, adoptar medidas de concienciación social, a las que el conjunto de la sociedad no es en absoluto ajena. Pasaia ha rozado la catástrofe. Se han puesto en riesgo decenas de vidas, tanto de los vecinos como de los bomberos que intervinieron. Se ha ocasionado una sustancial pérdida de bienes privados y un generoso gasto de dinero público. Ahora, las instituciones -tanto el Ayuntamiento como la Diputación y el Gobierno vasco- están volcadas lógicamente en adoptar medidas paliativas para hacer frente a la situación. Pero se trata de evitar que hechos de esta naturaleza puedan repetirse.