ACABAN de cumplirse dos años desde la llegada del PP al Gobierno de España como consecuencia de la mayoría absoluta que los españoles le otorgaron, tiempo en el que Mariano Rajoy ha puesto en práctica su talante e ideología reformista, con un resultado más que preocupante para el modelo de convivencia democrática que por consenso surgió de la transición española. Nos encontramos, sin duda, ante un período breve -tan solo dos años- en el que, sin embargo, se han producido cambios de enorme calado en el sistema político, social y económico del Estado; alteraciones criticables, tanto por su contenido como por el modo en el que se han aprobado, mediante la imposición de un modelo donde al parecer no caben ni el diálogo ni el acuerdo que deberían caracterizar procesos de cambio con consecuencias tan relevantes. Rajoy nunca ha ocultado su afán reformista aunque también es cierto que nunca lo ha definido como un proceso gradual de cambios que busquen la mejora de la sociedad. Por el contrario, habría que considerar que ese talante busca exclusivamente, como bien lo ha confesado el expresidente Aznar, la extensión del modelo nacional del PP a todos los ámbitos de la sociedad. En ese reformismo de alta intensidad que cada viernes, tras el Consejo de Ministros, ha hecho acto de presencia, no hay ámbito que haya quedado al margen, desde la organización territorial del Estado, que por la vía del decreto ley ha sufrido un impulso recentralizador difícilmente justificable, al ámbito más local, pasando por la educación, el acceso a la justicia, la limitación de los derechos de los inmigrantes, el aborto, la seguridad pública y privada, la sanidad con su privatización, el cálculo de las pensiones, la reforma laboral o la acción exterior. El cambio que prometió el PP en su campaña electoral ha llegado y nadie podrá alegar que muchas de las decisiones adoptadas por su Gobierno no estaban de alguna forma recogidas en su programa electoral. La crisis económica y la necesidad de crear empleo han sido los grandes argumentos esgrimidos para justificar estos cambios que, de momento, se han mostrado ineficaces para el logro de sus objetivos y no han conseguido otra cosa que ahondar en las diferencias sociales, crear más pobreza, destruir empleo, y favorecer a algunos sectores de la sociedad, únicos beneficiados del modelo nacional del PP.
