EL Gobierno español ha vuelto a dar una muestra palpable de su talante, de su manera de entender el ejercicio de la política y de sumisión a determinados intereses -en algunos casos económicos, en otros ideológicos o religiosos- por puro interés partidista y electoral. La manera en la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha abordado la reforma de la ley sobre el aborto es prueba palpable de ello. En primer lugar, se trata de una reforma absolutamente innecesaria, toda vez que existía -y sigue existiendo, porque una nueva norma no cambia las percepciones sociales- un consenso político y social generalizado, mayoritariamente aceptado en torno a la ley en vigor. Lo cual no quiere decir en absoluto que no pudiera ser mejorada, pero no desde la perspectiva que pretende hacerlo el PP: por imposición, sin diálogo, sin consenso. Es preciso subrayar que la ley actual no generaba en la sociedad un especial desasosiego o un gran debate sobre la imperiosa necesidad de una reforma que implicase una regresión del calibre de la que ha abordado el Gobierno. Es cierto que un sector ideológico -el más a la derecha- y religioso -en coincidencia con los postulados de la Conferencia Episcopal Española, cuyas ideas político-ideológicas son de sobra conocidas- venía presionando con inusitada fuerza para tumbar la ley, que considera un "coladero" para el ejercicio, en la práctica, del aborto libre. Pero estas posiciones son a todas luces minoritarias y responden en muchos casos a ideas basadas en creencias religiosas absolutamente legítimas pero que en ningún caso pueden ser trasladadas de forma directa a norma o conducta general en una sociedad avanzada del siglo XXI que quiera estar a salvo de integrismos de cualquier género. Es, asimismo, cierto que el PP -que también está dividido en esta cuestión- contemplaba en su programa electoral una reforma de la ley del aborto y que logró una amplia mayoría absoluta. Pero el partido del Gobierno sigue sin entender que el diálogo y el consenso para el bien común de toda la sociedad son una obligación ética de la política en una democracia. El salto hacia atrás es tal que la ley, una de las más regresivas de nuestro entorno, retrotrae a los tiempos en que el aborto era delito. Parece que en algunos continúa el empeño de retrotraer a España a la sospechosa concepción de "reserva espiritual de Europa".