EL incremento en más de un 11% del recibo de la electricidad en enero es, técnicamente, consecuencia del resultado de la subasta que fija la parte liberalizada de la tarifa en base a los precios de la energía (un +26,5% que repercutirá el +10,5% en la factura final), una energía que en el Estado generan, controlan, transportan y comercializan principalmente cuatro compañías y sus respectivas filiales. Lo que lógicamente incide en las subastas trimestrales del precio de la electricidad: de las últimas 20, desde final de 2008, el precio se ha incrementado en 15, se ha mantenido en 4 y ha descendido en 2. El resto del incremento que soportarán los 22 millones de consumidores de electricidad del Estado proviene de la subida de hasta el +2% de la parte regulada de la tarifa que ha decidido el Gobierno Rajoy. En la práctica, supondrá sustraer otros 8 euros mensuales (de 78 a 85 euros) de los bolsillos del consumidor medio, quien tras las últimas cuatro subidas del recibo de la luz durante 2013 ya ha abonado alrededor de 860 euros este año, y se traduce, según algunos cálculos, en que hasta dos millones de hogares del Estado -estos es, uno de cada diez- no podrán encender la calefacción en 2014. Que el Gobierno español, a través del ministro José Manuel Soria, pretenda, en primer lugar, justificar su responsabilidad en esas dramáticas consecuencias sociales y la parte de la subida que ha sido potestad directa suya en el objetivo, imposible, de compensar el déficit de tarifa de 3.600 millones que se habría generado este año cuando conoce que las empresas de Unesa, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, obtendrán en este ejercicio más de 6.300 millones de beneficio es un abuso. Que pretenda la pose de instar a la CNMV a investigar una posible concertación entre las empresas cuando la propia Comisión ya la había abierto entre el 2 y el 9 de diciembre, se antoja tan evidente como el hecho de que dos expresidentes (González y Aznar) y una decena de exministros sean o hayan sido consejeros o asesores de las mismas. Y que Soria pretenda llamarse a escándalo por una diferencia de dos puntos entre las que ahora dice sus previsiones y el resultado de la subasta, cuando había negado reiteradamente primero todo incremento en el precio de la electricidad y luego silenciando esas previsiones para limitar la subida al 2% del tramo regulado, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que amenaza la capacidad de aguante de estos. Urge reformar el sistema y sustituir a sus responsables.