La mayoría silenciada

LA aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno español que preside Mariano Rajoy del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana o ley Fernández es una mordaza que culmina el retroceso de libertades y derechos sociales, económicos y políticos desatado por el PP en dos años de gobierno a través de un rosario legislativo. Si la regresión socio-económica (reforma laboral y su continuidad, reforma de pensiones, la anunciada ley de servicios mínimos, la reforma de la ley del aborto, Lomce...) y la reuniformización política del Estado (Ley de Administraciones públicas, Ley de Acción Exterior, Ley de Unidad de Mercado...) resultan contestadas en la mayor parte de aquella base sociológica a la que Rajoy ocultó la realidad de sus intenciones para alcanzar la mayoría absoluta, este no duda ahora en la represión de derechos constitucionales para acallar el creciente rechazo y malestar ciudadanos, convirtiendo aquella "mayoría silenciosa" que se ha pretendido atribuir el PP en mayoría silenciada. Así, la Ley de Seguridad Ciudadana no es sino el complemento en el recorte a la protección de derechos iniciada con la limitación del acceso a la Justicia mediante la Ley de Tasas y el endurecimiento punitivo implícito del nuevo Código Penal y lo es a pesar de recibir las prevenciones del Consejo de Estado e incluso del CGPJ, que el Gobierno Rajoy ya ha ignorado respecto a otras de sus iniciativas legales. De hecho, lo que se anuncia como rebaja en las sanciones respecto al primer borrador, en una burda maniobra que retrata la vergonzante consideración que de la ciudadanía tiene el PP, no altera el objetivo ni el potencial disuasorio contra los derechos de manifestación y libre expresión. Además, la extravagante excusa bajo la que se plantea la necesidad de la nueva ley, la de la conversión de algunos delitos en faltas por el nuevo Código Penal, nunca puede dar base suficiente a un cuestionamiento tan profundo de principios básicos de la democracia. Y no es el menor de entre ellos el de que sea la Justicia, en su concepción más garantista, la que decida respecto a presuntas conculcaciones de la legalidad; lo que ignora la ley Fernández al arrebatar a los jueces la decisión sobre las sanciones a determinadas infracciones para depositar esa potestad en un cargo de designación política: el delegado del Gobierno.