Ineficacia, precariedad y regresión

LLEGADA a su ecuador, la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, segunda de la que disfruta la derecha española, el PP, tras la arbitraria y opresiva segunda presidencia de José María Aznar en la VII legislatura (2000-2004), presenta en lo económico una contradicción evidente de la práctica de gobierno y sus resultados con el programa y las soflamas que le sirvieron para auparse a ella. Sin embargo, en lo político, desvela una coherencia absoluta con el sustrato ideológico del Partido Popular -que con talante cerril Aznar ya puso de manifiesto entonces- en cuanto a la privatización del estado de bienestar y la precarización social y la regresión en derechos y libertades. En el primer ámbito, el económico, Rajoy ha manifestado la misma ineficacia que achacó, no sin motivo, al gobierno socialista anterior y sobre la que basó su llegada a La Moncloa. Dos años después de prometer crear empleo, el desempleo se ha multiplicado, alcanzando a más de seis millones de personas en términos reales, y la reforma laboral que impulsó bajo la excusa de fomentarlo únicamente ha sumado más de medio millón de parados más, lo que ha obligado al propio Gobierno Rajoy a admitir que la tasa de paro (26,6%) no descenderá del 25% en toda la legislatura. Dos años después, la deuda pública del 70% del PIB, que prometió reducir, ha alcanzado un nuevo récord, 954.863 millones de euros hasta septiembre, y ya supera el 93% del PIB, siendo la que más rápidamente crece de toda la UE. Y, para colmo, la subida del IVA, la reforma fiscal o la reforma de las pensiones que pretendían reducir el déficit, lo que a día de hoy está muy lejos de siquiera adivinarse, han llevado a una ralentización del consumo y al ahogo de las economías familiares, con el aumento exponencial de la precariedad social y el enfrentamiento con amplios sectores profesionales (juristas, sanitarios, educadores, funcionarios...). Pero si el retroceso en lo socio-económico es innegable hoy cuando arrecian de nuevo promesas de una pretendida mejora; en lo político la regresión es también irrebatible. No ya por la absoluta inadmisión de correcciones a su modo de gobernar por decreto, sino porque este viene limando paulatinamente -desde la continua invasión competencial, cuyo exponente principal es la Lomce, al último anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana- derechos fundamentales explicitados en el denominado bloque de constitucionalidad.