LA sentencia de la Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de A Coruña respecto a las responsabilidades penales por los daños medioambientales y económicos provocados por el hundimiento del petrolero Prestige (un lento accidente de seis días del que se cumplen 11 años, desde ayer hasta el próximo martes 19), ofrece tres conclusiones añadidas a la en la práctica casi total absolución de los imputados y la consiguiente y escandalosa no exigencia de indemnizaciones -ni siquiera los 22 millones de fianza (la póliza alcanzaba hasta mil) depositados por la aseguradora- de acuerdo a los límites fijados por el Convenio internacional CLC sobre responsabilidades civiles por derrames de hidrocarburos. En primer lugar, la sentencia dictada por los magistrados Juan Luis Pía, Salvador Sanz y María Dolores Fernández confirma la incapacidad, quizás autoimpuesta, de la Justicia para actuar contra la opacidad y el incumplimiento de las normativas internacionales que impera en buena parte del transporte marítimo. En segundo lugar, retrata una vez más la supeditación de los procesos judiciales al reiterado hábito de confundir los intereses de determinado gobierno con los del Estado en un evidente cuestionamiento de la independencia entre poderes. Y por último, y quizá peor, señala incluso textualmente que aún no se ha determinado qué debe hacerse si una situación como la del Prestige vuelve a darse. Es decir, avanza que una catástrofe de similar o de mayor magnitud puede repetirse en cualquier momento dado que las condiciones del transporte marítimo no han cambiado de modo sustancial, no se han determinado mecanismos de control y seguridad eficientes y no consta la elaboración de un plan que corrija de forma objetiva las erróneas decisiones que en su día se tomaron -como la de alejar el barco de la costa- con las funestas consecuencias de contaminar de hidrocarburo 1.600 kms. de costa atlántica y cantábrica. Y dado que, a este respecto, la sentencia absuelve también al entonces director de la Marina Mercante, José Luis López Sors, único responsable público encausado, lo que evita la exigencia de responsabilidades políticas que por otra parte tampoco dirimió en su día la sociedad gallega; cabe concluir que, la catástrofe provocada por el Prestige se cierra con la misma impunidad que contribuyó hace 11 años a que se produjera.