LAS Bases y Proyectos del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 en el ámbito de la Educación, que la consejera Cristina Uriarte y el secretario general para la Paz y Convivencia, Jonan Fernández, presentaron ayer; tratan de enmarcar en el respeto, la dignidad y los derechos humanos el necesario propósito de tolerancia y entendimiento planteado por la sociedad vasca, en este caso en dirección a sus generaciones jóvenes. Ahora bien, intentar regir desde instancias -o instituciones- de carácter y raíz política dicho marco, como se ha pretendido en otras ocasiones, lleva implícito no solo el riesgo de un cierto desequilibrio ideológico que, buscado o no, condiciona y puede hasta desvirtuar una iniciativa loable sino también el del desapego en aquellos hacia quienes va dirigida. Contemplada esa premisa, que el punto de partida del compromiso para la convivencia sea el suscrito por centros y agentes educativos el 1 de octubre y que el documento esté abierto a aportaciones desde el mundo de la educación tiende a superar la posible polarización de un discurso limitado al papel más o menos preponderante que en su día se trató de otorgar a la presencia de las víctimas, cuyo testimonio directo o indirecto quedará a criterio de los mismos centros, lo que no es sino una traslación a la educación en convivencia de la lógica autonomía de que estos disponen en otros campos dentro del sistema educativo vasco. Por otro lado, la disparidad de violencias atentatorias contra la convivencia que afectan a nuestra sociedad, aun cuando haya sido la de origen político la que haya marcado a nuestro país en las últimas décadas, e incluso dentro de esa última sus diversas raíces ideológicas, aunque una de ellas haya acaparado de modo dramático las actitudes violentas en los últimos años, parecen abonar la idea de que el rechazo a las mismas debe surgir de la capacidad para ponerse en el lugar de quienes las han sufrido y no del contraste dialéctico de sus ideas. Y no se trata de vergonzante distanciamiento sino, por el contrario, del respeto a las mismas como parte esencial del respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos universales de las personas, fundamental para la distensión social que se pretende -y que ya se dibuja en la ciudadanía vasca- y para la educación en convivencia que, desde las aulas pero no únicamente, debe afianzarla en el futuro inmediato.