LA decisión del Gobierno de la Comunidad de Valencia, calificada de "innegociable" por el presidente Alberto Fabra, de liquidar Radio Televisión Valenciana después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) anulara el Expediente de Regulación que pretendía eliminar 1.200 empleos de los 1.700 existentes en el ente, ha sido utilizada como base para volver a cuestionar la conveniencia y viabilidad de los medios públicos de comunicación. Sin embargo, ese debate está trufado de los diversos intereses que se entrelazan en el sector, elude discernir entre los fines de los medios privados y los medios públicos, que en este último caso deben ser los de servicio, información y entretenimiento de calidad para el ciudadano que los financia con sus impuestos, y los mezcla en una confusión interesada con los desatinos de gestión, por no denominarlos de otro modo, que han abocado a la radiotelevisión valenciana al primer -y previsiblemente no único- cierre de un ente público de radio y TV en el Estado veinticuatro años después de su puesta en funcionamiento. Porque incluir todos los medios públicos de comunicación en un totum revolotum que no discierne entre las muy diversas necesidades socio-culturales, los totalmente diferentes modelos de gestión, el tremendamente dispar respeto a la imparcialidad informativa y, por tanto, a los intereses de la sociedad en la que se inserta y de la que se nutre y la respuesta y fidelidad de esta, y los harto desiguales sistemas de control que se ponen en práctica en los distintos entes se debe entender más como un intento de manipulación de la realidad que un simple error. El caso de Canal 9 es, por ello mismo, paradigmático, puesto que es consecuencia de la paulatina degeneración de RTVV desde que el PP no lograra culminar un primer intento de privatización tras su llegada al poder en Valencia en 1995. El exponencial aumento de la deuda desde los 22 millones a los 1.130 millones de euros de la actualidad a consecuencia de lo que el TSJCV ha denominado "irregularidades" -contrataciones de personal y con empresas de la trama Gürtel, o la compra de derechos de la Fórmula 1- y de los "desequilibrios patrimoniales" de que venía alertando la Sindicatura de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano); o su desaparición como referente informativo -del 20% de audiencia al 4%- para la sociedad valenciana no son consecuencia de formar parte de la administración sino, todo lo contrario, del empeño del Gobierno del PP por ignorar los principios de su carácter público.
