SI algún ámbito de la esfera pública necesita consenso para que todo cambio sea un avance y no un retroceso ese debe ser la Educación, la materia con la que se construye el futuro, generación a generación, formando a profesionales. Pero eso no le importa al Gobierno de Rajoy, dispuesto como está a legislar contracorriente, desoyendo a la sociedad y, en este caso, a la comunidad educativa. El Grupo Popular impuso su mayoría absoluta -que las encuestas muestran que estaría muy lejos de renovar si hubiera ahora nuevas elecciones- para imponer la nueva reforma educativa, la Lomce o ley Wert, como ha hecho antes con la reciente reforma energética, la reforma laboral, la política fiscal, el recorte de las pensiones (para el que solo tuvo el apoyo de UPN)... un sinfín de decisiones que atañen directamente al modelo de sociedad. La séptima regulación de la enseñanza desde el final de la dictadura franquista nace sin consenso alguno y con el rechazo mayoritario de los profesionales de la educación y la enseñanza -tanto en la educación obligatoria como en la formación profesional y en la enseñanza universitaria -, con la oposición de los sindicatos, el rechazo de comunidades autónomas y con el único apoyo de los diputados del PP y la abstención de UPN. De hecho, los grupos de la oposición ya han hecho público su compromiso de retirar la puesta en marcha de las medidas de la Lomce en cuanto cambie la mayoría parlamentaria. Políticamente, nace muerta. Es, sin duda, la normativa educativa que más rechazo ha conseguido aglutinar y en la que más se pone de manifiesto la intención adoctrinadora del PP a través de la Educación. La reforma planteada, rechazada en las calles por miles de personas, es segregadora, neofranquista y recentralizadora, que vulnera competencias del autogobierno vasco, elimina el valor democrático de la igualdad de oportunidades, recupera la puntuación académica de la religión católica, reduce los recursos económicos y humanos a la enseñanza, penaliza el acceso a las becas, fomenta la segregación educativa e impone una uniformidad de contenidos que no oculta su intención ideológica de españolizar a todo el alumnado. En las antípodas se sitúa la elaboración del currículo vasco. El Departamento de Educación se ha empeñado en que la participación de la comunidad educativa sea determinante y enriquecedora. Mejorar, no adoctrinar.
