EL caso CAN estaba cerrado desde que en julio pasado cinco magistrados del Tribunal Supremo tumbaron los meses de trabajo e instrucción judicial de la jueza Benito y perpetraron un auto en el que aseguraron que no había posibilidad de vincular los sobresueldos secretos que percibían Barcina, Sanz, Miranda y Maya de CAN con un delito de cohecho impropio. Para ello no tuvieron reparo incluso en argumentar lo contrario a lo que los propios implicados en el chiringuito opaco habían declarado para justificar la percepción de esos sobresueldos: que estaban ahí por imperativo legal de sus cargos públicos. Incluso obviaron que decidieron devolver voluntariamente esa pasta por lo que pudiera ocurrir. Basta recordar que la instrucción del caso CAN llegó a Madrid porque la presidenta Barcina usó el subterfugio legal de ampararse en el privilegio de su condición de aforada para impedir que el caso fuese juzgado en los tribunales de Navarra. La jueza Benito ahora solo ratifica la muerte judicial del caso. Pero el punto final a las responsabilidades judiciales -aunque quedan pendientes los posibles recursos de Kontuz y UPyD al auto de la juez- no pone fin a las responsabilidades políticas. Se ha demostrado que los cuatro de la Permanente percibían decenas de miles de euros de sobresueldos de forma secreta -y en reuniones seguidas de escasa duración en la que se limitaban a escuchar y no decir nada, si es que realmente se reunían- para completar sus salarios oficiales. De hecho, si Diario de Noticias no hubiera desvelado la existencia de una Permanente opaca, todos ellos hubieran seguido cobrando decenas de miles de euros a espaldas de la opinión pública, mientras alardeaban de unos salarios inferiores. Y también se ha demostrado que en su actividad en los órganos de gobierno de CAN, por la que recibían ese dinero, ni se enteraron de la deriva de la entidad financiera hasta su desaparición. De ambas, se deben derivar responsabilidades políticas sin olvidar que el caso CAN deja incógnitas y sombras sin aclarar: desde la falta de inspección real sobre las decisiones directivas de la entidad, a la realidad o ficción de las reuniones de la Permanente y del contenido de sus supuestas actas. En todo caso la ciudadanía navarra sabe que la desastrosa desaparición de CAN para Navarra no tiene coste judicial para los políticos responsables de sus órganos de gobierno. Lo difícil será que puedan eludir sus responsabilidades políticas ante la sociedad. CAN ya no existe.