EL acuerdo interinstitucional firmado ayer por el Gobierno vasco y las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con el fin de desarrollar actuaciones de reactivación económica de acuerdo con el nuevo margen de déficit supone no solo una inyección en forma de inversión pública de 180 millones de euros, sino también un punto de inflexión en las capacidades y actitudes institucionales y políticas. Que las cuatro principales instituciones definan y acuerden en el marco del Consejo Vasco de Finanzas tanto el reparto de la capacidad de inversión de ese nuevo margen de déficit por cada diputación como las prioridades a que dedicar la misma en cada uno de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca supone cuando menos una puesta en común de necesidades del país, lo que conlleva (si se prefiere con matices y pequeñas reticencias) un diagnóstico cuando menos similar y un objetivo compartido: el estímulo de la economía vasca, necesitada de impulso en un momento que se antoja determinante para afrontar el final de la crisis económica y el inicio de la recuperación. Pero si ese aspecto de colaboración institucional puede -debe- suponer avances en el terreno económico, en el plano político ya constituye un paso efectivo. Y no por cuanto tiene de colaboración entre las diputaciones y el Gobierno, que ya se ha dado en momentos de menos diversidad ideológica en los ejecutivos forales, sino precisamente porque supone un acuerdo entre tres de las cuatro tradiciones ideológicas del país -a la que se añadiría la cuarta a través del acuerdo PNV-PSE- superando lo que hasta hace no tanto era un enconado enfrentamiento que impedía cualquier tipo de relación política, incluso mediante interposición en ocasiones. Superar esa situación era uno de los principales objetivos de la legislatura. Una vez finalizado el ciclo de violencia -aun si no se ha procedido a la disolución definitiva de las estructuras violentas por un lado ni a la eliminación de respuestas y actitudes represivas por otro- la consecución de ámbitos de negociación, de relación, y finalmente de acuerdos transversales entre diferentes es el único camino que puede llevar a la normalización. A sabiendas de que esta supone además un plus de cara a la reactivación socioeconómica de Euskadi.