Consecuencias de la reforma laboral

LAS huelgas en dos servicios de interés público y gestión privada -el transporte público por carretera en Bizkaia y la educación en los centros concertados vascos, que coincidieron en la jornada de ayer- parecen pretender trasladar a las administraciones vascas la responsabilidad de una variación de las condiciones laborales que, sin embargo, radica en las empresas y tiene su origen en la modificación del mercado de trabajo provocado por la denominada reforma laboral impulsada por el Gobierno Rajoy. El propio Banco de España lo reconoce implícitamente cuando, por un lado, atribuye a dicha reforma un aumento de la competitividad a través de la rebaja de los salarios -"sensibilidad de los salarios" es la expresión utilizada por la institución que gobierna Luis María Linde- y admite que "parecen estar siendo utilizadas con intensidad" por las empresas las posibilidades de realizar "modificaciones sustanciales" de las condiciones de trabajo, que es la raíz del conflicto tanto en Bizkaibus como en los colegios concertados. En otras palabras, si el Banco de España concluye que la reforma laboral no ha contribuido a crear empleo, ni a cambios apreciables en la dualidad del mercado de trabajo pero sí a la moderación salarial; habría que añadir a sus conclusiones la conflictividad laboral que ya ha empezado a provocar el fin de la ultraactividad de los convenios. Esto, más de un año después de la aprobación de las nuevas condiciones del mercado laboral, lleva a concluir que el verdadero objetivo de la reforma no era, tal y como pretendió Rajoy, contribuir a la estabilidad en el empleo, tampoco la posibilidad de crearlo, sino un aumento de la competitividad a través de un único factor, el de la rebaja de los costes vía moderación salarial sin detenerse en las consecuencias de la misma, tanto en cuanto a los conflictos laborales, que a partir de ahora amenazan con sucederse, como en el empobrecimiento de la sociedad y la reducción del consumo subsiguiente. Ahora bien, a la vista de que no parece probable una reconsideración de las políticas socioeconómicas por el Gobierno Rajoy, cabe exigir de sindicatos y patronales la responsabilidad que les atañe para no trasladar sus exigencias a otros ámbitos y reducir en lo posible los efectos en conflictividad de la reforma.