De un problema, dos

EN el caso de que se pudiera atribuir alguna virtud al compendio de más de una docena de decretos, órdenes ministeriales e iniciativas normativas del Gobierno Rajoy que están alterando el mercado eléctrico en el Estado español, esta sería la de no contentar a nadie. Por el contrario, lo que se conoce como reforma energética presenta, al menos, dos defectos evidentes. Por un lado, no soluciona el problema del déficit de tarifa que el Estado español viene acumulando a raíz de la decisión del Gobierno Aznar en el año 2000 de no incrementar el precio de la tarifa, generando una deuda a pagar a las eléctricas durante veinticinco años (hoy supera los 26.000 millones de euros y se estima que este año crecerá en otros tres mil). Por otro, no entra ni siquiera a analizar el principal problema del mercado energético estatal, en el que las eléctricas controlan tanto la generación como el transporte y la comercialización de la electricidad. Muy al contrario, a través de los peajes de acceso, con los que se encarece especialmente la parte fija del recibo (potencia), que costea los dos primeros aspectos, traslada de nuevo el déficit de tarifa a los más de 22 millones de consumidores, que ya pagan la tercera electricidad más cara de la UE después de que el coste de la electricidad en el Estado haya aumentado un 69% en la última década (frente al 13% de la zona euro). Y ello contribuye lógicamente a la caída de la demanda, que ya es de más del 3% por mucho que el Ministerio de Industria y Energía que dirige José Manuel Soria pretenda acotarlo en el 1,5%. En consecuencia permite a las propias eléctricas mostrar pese a todo malestar. Pero es que, además, este incremento en el precio de la energía condiciona sobremanera la capacidad de quien debe ser motor de la recuperación económica, la industria, que afrontará una nueva subida de en torno al 20% en el precio de la electricidad industrial, cuando este es ya el cuarto más alto de la Unión Europea, contradiciendo todas las políticas económicas del propio Gobierno Rajoy y su pretendida exigencia de una mayor competitividad, bastante lastrada ya por las diferentes condiciones de financiación respecto de sus competidores. En definitiva, la reforma energética del ministro Soria no soluciona el problema que pretendía y contribuye a otro en proporciones y con consecuencias impredecibles.