EL pleno de política general esta semana llegaba en circunstancias especiales: el reciente acuerdo PNV-PSE, el más próximo aún bloqueo de la comisión de paz y convivencia o el hecho de tratarse del primer examen de estas características para Iñigo Urkullu. Con todo, a lo que asistimos finalmente fue a un animado encuentro de bádminton tras el que la pista quedó en condiciones para próximos partidos: nadie rompió nada conscientes de que el próximo partido está por llegar. Tras cada raquetazo, la pluma cayó suavemente al otro lado de la cancha sin causar ningún daño irreparable.
El lehendakari llegaba con una posición más holgada porque su propuesta económica, su prioridad de afrontar la crisis, está ahora respaldada por una mayoría parlamentaria que tiene que ser estable a la hora de configurar sus próximos presupuestos. Por mucho que a Patxi López le diera por reivindicarse como opositor, sabe que nobleza obliga y que el PSE no puede hacer la espantada a las primeras de cambio. No se entendería en Euskadi y tampoco en Madrid, donde le barajan como uno de los ases de la sucesión de Pérez Rubalcaba.
Quizá esta circunstancia animó al secretario general socialista a orientar baterías contra el PP en parámetros de política española, desde claves de izquierda-derecha y de protección del estado de bienestar frente a la política de recortes. El PSE ha girado en su estrategia política vasca y los viejos socios de investidura son ahora sus rivales principales. Hoy, los intereses y necesidades del PSE se parecen más a los del PSOE, aunque López y Urkullu se manejan aún con demasiadas desconfianzas y sinsabores como para esperar que salga mucho más brillo de su relación.
Urkullu llegó al pleno a poner en valor la concertación y el diálogo y con un discurso de apuestas económicas para superar la crisis. Sin embargo, como si esta prioridad estuviera ya solventada, la oposición se gustó mucho más durante la tarde en los debates sobre paz y convivencia y estatus jurídico. Fueron el argumento de los cruces más vistosos y también de los más agrios de la jornada. Reproches ya conocidos aunque algunos sonaran en voces nuevas -Arantza Quiroga también se estrenaba en esta plaza- y los previsibles cruces de advertencias sobre dónde se pueden y dónde no encontrar los caminos de cada sensibilidad política con las demás.
El PP vasco se ofrece como socio para asegurar la política económica -y solventar a cambio sus propias carencias aritméticas en Araba- pero tiene puesto pie en pared en los otros dos ejes. Aún no ha interiorizado un escenario de convivencia y su análisis sigue siendo el de guardar memoria del dolor padecido por la sociedad vasca a manos de ETA. Es un difícil proceso emocional en el que percibe la visibilidad de otros sufrimientos como un atentado a la dignidad de las víctimas del terrorismo. La anatemizada equidistancia que sigue arraigada en el discurso. Y sobre el estatus jurídico-político de Euskadi no hay margen con este PP en este momento, como evidenció ayer Borja Semper.
Puede parecer que clama en el desierto el lehendakari cuando insiste en que la mirada de un proceso de paz y convivencia debe trascender al desarme. Siendo éste imprescindible, lo central es cerrar heridas sanando sus puntos más sensibles y no echando sal sobre ellos, aunque hoy las fuerzas políticas reflejan una profunda cicatriz social en el país. Igualmente, Urkullu tiene un objetivo, una convicción y un procedimiento en materia de renovación del estatus jurídico de Euskadi. Un lugar: el Parlamento vasco; un esquema de trabajo: la redacción de un texto jurídico desde el mayor consenso político posible; unos protagonistas: los partidos; una fórmula legal de habilitación: un referéndum pactado para su ratificación. ¿Y su papel? Su papel es institucional, como dejó claro en su sentida e improvisada réplica: desde la representación del conjunto de los vascos, ofrecer un marco para que los representantes de las cuatro grandes sensibilidades del país llenen de consensos los vacíos que arrastramos.
A estos tres ejes -iniciativa económica, el binomio paz-convivencia y un nuevo estatus jurídico y político- debería sentirse también llamada la coalición EH-Bildu. Aunque de momento se mueve en una órbita diferente en todos ellos, con su propia estrategia basada en diferenciarse del PNV y consolidarse como su alternativa. Escenificaciones aparte, no muestra ningún interés en ofrecer ni pedir consensos. Si se encadena el discurso de Laura Mintegi al de Hasier Arraiz, el silogismo es deprimente. En sede parlamentaria dijo la primera que la respuesta a la crisis económica, al mantenimiento de las pensiones y a la sostenibilidad del estado de bienestar es la soberanía para decidir el uso de los recursos; el proceso soberanista tiene como primer paso la unidad territorial -Arraiz dixit- . Y, entre tanto, ¿cómo se sostienen las pensiones y el empleo? Con "Euskal bidea". ¡Uff!