EL anuncio por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de que el Gobierno español prepara un cambio legislativo por el que se otorgaría el permiso de residencia en el Estado a aquellos extranjeros que adquieran una vivienda de importe superior a los 160.000 euros, en una iniciativa que el mismo García-Legaz reconoce enfocada a los mercados ruso y chino, supone en la práctica una mercantilización del derecho a la residencia en el Estado español y una discriminación por motivo de renta disponible que califica al Gobierno que preside Mariano Rajoy. Aun tratándose de permisos temporales y con obligación de contratar un seguro médico, el hecho de ligar el acceso al mismo al requisito principal de la capacidad económica -lo que es aún más evidente cuando se admite que en el espíritu del cambio legislativo está dirigir la oferta a ciertas nacionalidades- supone un retorcimiento normativo que deshace derechos tan universales como el de la igualdad ante la ley y contrasta seriamente con la dureza con que se aplica la normativa sobre extranjería en otros casos. Es, sin duda, la consecuencia más grave de una iniciativa deshumanizada y puramente mercantil que, sin embargo, también dibuja la senda por la que el Gobierno Rajoy pretende encaminar una pretendida recuperación económica. El propio presidente español, al ser preguntado por la reforma en la que trabajan hasta seis ministerios, no ha tenido empacho en admitir que simplemente se trata de reactivar el sector inmobiliario, de dar salida al stock de vivienda existente -en beneficio de nuevo de la banca, propietaria de la mayor parte de dicho stock- y de que se vuelva a construir; deseos que serían loables si fuese posible obviar que han sido precisamente esos mismos afanes los que condicionaron el crecimiento económico a un solo sector, el de la construcción, y acabaron desatando la denominada burbuja inmobiliaria que tan directamente ha influido en la crisis financiera y, finalmente, en la crisis socio-económica. Pero, independientemente del dudoso éxito y los evidentes riesgos del efecto llamada de la medida, la propuesta confirma que, en todo caso, el Gobierno español prioriza paliar los efectos de la crisis en sectores determinados en detrimento de la diagnosis de sus causas para un tratamiento generalizado y efectivo.