LA Comunidad Autónoma Vasca se ha mantenido en niveles de natalidad muy bajos en las últimas décadas y solo la llegada de población inmigrante, junto a episodios de bonanza económica, han revertido puntualmente la tendencia. La última oleada del Instituto Vasco de Estadística revela hasta qué punto esta realidad a la baja se ha afianzado: Euskadi es hoy un territorio donde la tasa está situada por debajo de la Unión Europea (UE), con 9,7 nacimientos por cada mil habitantes en 2010, por debajo de la tasa española (10,5) y de la media de la propia UE -cifrada en 10,7 nacimientos- y solo superada por Malta (9,6), Portugal (9,5), Austria (9,4), Italia (9,3), Hungría (9,0), Letonia (8,6) y Alemania (8,3). La evolución es mucho más llamativa si se compara con las cifras de 1975, ya que ese año la CAV contaba con 19,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes, mientras que en España esa cifra era de 18,8. Los índices de bienestar, el cambio de valores y la generalización de los sistemas de anticoncepción están detrás de la evolución ocurrida en las últimas décadas pero existen otros indicadores cuyo efectos son más difíciles de detectar pero que siguen teniendo un gran peso en la toma de decisiones con respecto a tener o no descendencia y el número de la misma. La gran dificultad de conciliar la vida laboral con la familiar, el complejo encaje de las mujeres en el ámbito de trabajo -donde aún la maternidad se ve como una desventaja y no como una contribución social- y la ausencia de servicios cercanos y accesibles siguen pesando como losas en esta decisión. Obstáculos a los que, en la actualidad, hay que añadir la enorme incertidumbre que está generando una crisis que ha bloqueado -cuando no mermado- el mercado laboral y que ha envuelto en una nebulosa los proyectos personales y familiares. Pero al margen de esta coyuntura económica, quienes levantan ahora la voz por el inexorable proceso de envejecimiento de la población deberían empezar a diseñar las medidas que inviertan esta tendencia, que requieren de una intervención pública decidida para favorecer la decisión de tener una criatura. Algo que en la actualidad se ve lejano y hasta imposible a tenor de la carrera de recortes en las que han entrado todas las administraciones públicas.