EN su errática estrategia de comunicación, el Gobierno que preside Mariano Rajoy trata de hacer ver (y de convencer) a la ciudadanía de que los recortes que está llevando a cabo son decisiones meramente técnicas, fruto de las presiones de Bruselas ante la exigencia comunitaria de reducir a toda costa el déficit de las cuentas públicas. Pero, cada día que pasa, queda más en evidencia que el programa de recortes que está llevando a cabo el PP, sin ningún tipo de consenso ni negociación, responde a un proyecto político e ideológico. Ante las presiones de la Unión Europea y, en especial, de Alemania para limitar el gasto y hacer posible así la inyección de dinero hacia España, el Partido Popular podía haber optado por exigir mayor esfuerzo a las rentas más altas para evitar cercenar los niveles de bienestar de las clases medias y de las más necesitadas, pero su decisión ha sido precisamente la contraria. De la misma forma que ha dado por hecho que la ciudadanía soportará con sus propios medios los recortes sanitarios, el copago y los gastos (y el esfuerzo) que requieren las personas dependientes, el cénit de los perjuicios que van a ocasionar sus decisiones tiene el rostro de las personas emigrantes sin papeles. Bajo el pretexto de frenar el llamado turismo sanitario, el Gobierno español planea exigir 710 euros al año a quienes utilicen el sistema de salud (hasta ahora gratuito y prácticamente universal) y no coticen a la Seguridad Social, una medida que, sobre todo, ataca directamente al sector más vulnerable de la sociedad y que puede generar, a muy corto plazo, un problema sanitario de gran magnitud al dejar al margen de cualquier prestación a miles de personas. El anuncio de que se seguirá atendiendo a los inmigrantes sin papeles que presenten enfermedades crónicas -aunque se remitirá la factura a sus países de origen, se dice chuscamente- no es sino un vano intento de dulcificar una medida que además abre un continuo escenario de conflictos con y para los colectivos médicos y sanitarios, que reiteradamente se han reafirmado en su lógica voluntad de cumplir con su misión y su juramento hipocrático y atender a cuantas personas lo necesiten. El Gobierno vasco tiene ahora una buena ocasión para pasar del discurso a la acción imponiendo sus competencias, haciendo caso omiso a las medidas que restringen los derechos a los sin papeles y garantizando las prestaciones a toda la ciudadanía.