lA nítida y continuada caída de apoyo ciudadano que soporta el PP desde la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Ejecutivo español puede entenderse como secuela de la prolongada crisis económica y de los efectos de la situación financiera del Estado en la acción de gobierno, pero solo si comprende también el fortísimo desacuerdo con la forma en que Rajoy enfrenta ambas, así como con el sustrato ideológico que desde la calle se intuye en las medidas adoptadas y en la orientación de las mismas, que pretende su extensión social en lugar de una aplicación cualitativa. Sin olvidar, ni mucho menos, el absoluto incumplimiento de sus promesas, la negación de sus proclamas electorales por la vía de los hechos y la desconfianza que ha generado en la sociedad el continuo desmentido que las decisiones del gobierno hacen de las declaraciones de sus miembros. No debe extrañar, por tanto, que las pérdidas en cuanto a intención de voto del Partido Popular vayan incluso más allá de esos ocho puntos que contabiliza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -cuatro hasta abril y otros cuatro hasta julio- por cuanto es preciso recordar que la consulta se realizó en los días previos a la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso anunciando las últimas medidas de ajuste... entre las que tampoco estaba el endurecimiento de las condiciones de jubilación que ahora se plantea. Ni que todo ello tenga también consecuencia en la forma en que el ciudadano entiende su relación con la clase política, a la que vuelve a considerar en un alto porcentaje (uno de cada cuatro) parte del problema en lugar de mecanismo de solución. Lo que no es ajeno a que el deterioro de imagen del partido en el gobierno no conlleve mejora sustancial alguna de la del principal partido de la oposición, el PSOE, lastrado por la memoria que el ciudadano posee de sus capacidades y actuaciones, que no difieren en lo sustancial de lo dispuesto por Rajoy, o por el presente en los casos en que, como en Euskadi, tiene responsabilidades de gobierno. En ambos casos, culpar al empedrado de la economía del distanciamiento del ciudadano es una simple huida de una realidad que exige de las administraciones públicas cercanía y que sus actuaciones guarden la mayor concordancia posible con sus promesas y, sobre todo, con las necesidades sociales.