LA primera comparecencia de Rajoy tras un Consejo de Ministros desde que fue elegido presidente del Gobierno (gracias a la espantada electoral del PSOE de Rubalcaba) escenificó uno de lo mayores fraudes políticos de la democracia. No solo no supo responder con un mínimo de coherencia a las preguntas de los periodistas, sino que admitió que todavía no tiene decidido qué medidas adoptar para atajar la crisis. De hecho, se limitó a apuntar, en un lenguaje poco tranquilizador, que lo que viene está aún por definir y que cada cual pase este agosto vacacional como mejor pueda sin mayores alardes de gasto. Y sobre todo incidió en que la política de recortes de derechos sociales y laborales, de medidas que han derivado en un empobrecimiento social, empresarial y familiar generalizado y en un galopante desempleo, son lo único que tiene en mente. Es cierto que tras su pobre intervención la Bolsa subió y la prima de riesgo se redujo, pero únicamente son indicadores macroeconómicos de retirada de miles de millones de euros de beneficio a la espera de que la economía especulativa y la usura financiera vuelvan a situarse en posiciones de acoso a la deuda. Rajoy dejó claras dos cosas: que su acción política seguirá siendo sumisa a los dictados del capitalismo especulativo y que el coste a asumir por el conjunto de la sociedad supondrá nuevos recortes y privatización de prestaciones públicas. Posiblemente, Rajoy completó la peor comparecencia de un presidente en una situación de máxima crisis socioeconómica de la historia reciente mientras ocultaba a los ciudadanos que ya había comprometido elevar el ajuste a más de 100.000 millones de euros hasta 2014, información que La Moncloa facilitó vía comunicado posteriormente. La bochornosa comparecencia de Rajoy confirma un rescate total para España y una continuidad en el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Un cambio de modelo social y político de convivencia de tal calado merecería, en términos de garantía democrática, un aval ciudadano más allá de la mayoría absoluta que avaló al PP hace siete meses sobre un programa electoral hoy superado. Un refrendo ciudadano que, por mor de la propia Constitución -que impide la celebración de elecciones a Cortes hasta un año después de la anterior convocatoria-, debería adoptar la forma de referéndum.