LOS datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) van incluso más allá de la ya dramática apreciación de que el desempleo ha alcanzado en el Estado un récord histórico de 5.693.100 personas sin trabajo, nada menos que un 24,6% de la población activa, es decir, uno de cada cuatro trabajadores; de la insostenible cotidianeidad de las 1.700.000 familias -una de cada diez aproximadamente- que tienen ya a todos sus miembros en edad laboral en paro; o de que uno de cada dos jóvenes menores de 25 años no tengan trabajo. Todos esos fríos datos son consecuencia de una realidad, la pérdida de 859.400 empleos en el último año y el incremento más pronunciado del paro precisamente al final del primer semestre, que de ser el momento en que se paliaba el desempleo a través de las contrataciones veraniegas del sector servicios y el turismo ha pasado a convertirse, tras la aprobación de la reciente reforma laboral y gracias a las posibilidades que esta ofrece, en época en la que el descenso de la producción se traduce en rescisiones contractuales, lo que lejos de afianzar, como se dijo pretender, los empleos aumenta no solo la temporalidad sino también la precariedad y pone en cuestión la propia reforma pero también la batería de medidas que, aprobadas por el Gobierno Rajoy, encaminan a un descenso del consumo que enquista la recesión. Todo ello es aplicable en Euskadi, una de las comunidades con un incremento más significativo del desempleo -28.700 parados más (+23,4%) en un año- para alcanzar una tasa de paro del 14,56% con 151.000 desempleados; porcentajes que revelan una evolución incluso más negativa que la del Estado y desmontan el espejismo de la leve mejoría que habían presentado las cifras del paro apenas hace un mes. Tanto es así que una sexta parte de los nuevos desempleados del segundo trimeste en todo el Estado está en Euskadi. Y, al respecto, cabría deducir que en una economía que no padece alguna de las carencias que lastran la economía estatal, no sólo son contraproducentes las medidas impuestas en materia socio-laboral por el Gobierno Rajoy sino que también se aprecia el resultado de la absoluta ausencia de medidas de fomento del empleo que, producto de su precariedad económica por un orden de prioridades erróneo, evidencia el Gobierno López.