LA puesta en marcha de varias acciones de publicidad, comunicación o imagen por parte de departamentos del Gobierno que preside Patxi López, campañas en las que se antoja que el coste no está en concordancia no ya con el alcance de lo publicitado sino ni siquiera con la necesidad de que fueran llevadas a efecto, abre camino a la sospecha, explicitada ya por diversos agentes políticos, de que el Ejecutivo trata de revertir su deteriorada imagen y el declive electoral que padece mediante el uso partidista y parcial de herramientas que son exclusivas de la administración y el ámbito públicos, es decir, a través del "autobombo" frente al que pretendió legislar el propio Gobierno, La inserción por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) de una publicidad en la que se omite toda presencia de la Diputación Foral de Bizkaia, que financia al 50% el Consorcio, y se magnifica como única la de los representantes del Gobierno socialista es prueba evidente. No solo por esa parcialidad sino por el hecho de que el proyecto que se anuncia, el de la línea 5 del metro, está aún en fase informativa. El hecho de que una quinta parte (900.000 euros) del presupuesto del Año de las Culturas y la Paz impulsado por el departamento que dirige Blanca Urgell se dedique a comunicación y publicidad, casi el doble de lo destinado a ayudas para la organización de acciones culturales -cuando aún no se ha definido en qué se invertirán los cinco millones de euros previstos para dicho proyecto- es otra muestra obvia de una actitud cuestionable desde el punto de vista de la ética política. Y lo es en todo caso, pero muy especialmente cuando dichos dispendios publicitarios se realizan en una época de recesión y ajustes, tanto de retribuciones salariales como de servicios sociales, y coinciden con importantes recortes de inversión en sectores clave como la Educación o la Sanidad. Más aún cuando dichos gastos innecesarios, o cuando menos desproporcionados, son parte de un déficit anual que ronda los mil millones y que ha contribuido a multiplicar hasta por ocho la deuda pública de la Comunidad Autónoma Vasca en los tres últimos años y constituyen el claro reflejo del modo de actuar que ha llevado a situación de catástrofe económica a otras Comunidades Autónomas y al propio Estado español.