EL mismo día en que el Estado español certificaba en una reunión extraordinaria del Eurogrupo la aceptación de las condiciones del rescate de su banca, el eufemísticamente llamado Programa de Asistencia Financiera, con un máximo de cien mil millones recibidos en cuatro tramos y un vencimiento de 149 meses; el Ministerio de Economía alemán que dirige Wolfgang Schäuble calculaba ya el coste de un rescate global de España en el triple, 300.000 millones de euros, y lo situaba en el tiempo: treinta meses, hasta finales de 2014. También ayer, la prima de riesgo española alcanzaba un récord histórico de 610 puntos mientras que el interés del bono español a diez años llegaba al 7,26% y la Bolsa cerraba con una caída del 5,82%, la mayor del año en curso. Y todo esto no es casual. La falta de un plan, de una hoja de ruta, por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy -o al menos de un plan convincente para los inversores- y las perspectivas, que el propio Ejecutivo se ve obligado a reconocer, de que la recesión llegará hasta 2014 y la tasa de paro seguirá por encima del 24%, así como la incapacidad para sujetar el techo del gasto, que se eleva a un 9,2% por la obligación de pagar 9.114 millones de euros en intereses anuales de su deuda han tasado la confianza internacional a que se hace acreedor el Estado español: ninguna. Y esto tampoco es casual sino, todo lo contrario, consecuencia de un modo de gestión, de unas actitudes económicas y políticas que también ayer tuvieron su primera consecuencia en forma de rescate con la solicitud por la Comunidad Valenciana de su adhesión al mecanismo de financiación del Estado para poder hacer frente a los vencimientos de su deuda en 2012. Valencia solo es la comunidad más acuciada, a la que seguirán otras y que finalmente se traducirán en ese rescate que ya cifra el ministerio alemán. Solo, y en todo caso, habría un camino que, sin embargo, no pasa -como ha pretendido Rajoy- por el aumento de impuestos que supone la mayor parte de su plan de ajuste y traslada el problema al ciudadano, sino por medidas que reactiven la economía y una reducción del gasto que, como apuntó ayer Iñigo Urkullu, pasa por reducir partidas que se han considerado intocables por ser esencia de la unidad estatal: Casa Real, Ejército, FSE, delegaciones del Gobierno... y hasta la estructura parlamentaria. Por adelgazar, en suma, un Estado insostenible.