LA convocatoria por la mayoría sindical vasca para el próximo 26 de setiembre, miércoles, de una huelga general, otra, la quinta desde 2009 (tras las del 21 de mayo de 2009, el 29 de junio de 2010, el 27 de enero de 2011 y la última del 29 de marzo de este año), debe contemplarse como el ejercicio de un derecho, incluido como de segunda generación en la Declaración de los Derechos Humanos y especificado en los artículos 22 y 27 del Pacto Universal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Constitución de 1978 a través de su artículo 28.2. También como una comprensible respuesta sindical a los recortes de derechos laborales y sociales, generalizados en estos últimos meses, al castigo que desde las élites económicas y políticas se inflige a los sectores más humildes y a las clases medias, a la inacción política frente a la especulación financiera y al endose de las consecuencias de la crisis generada por esta a las economías familiares. Dicho esto y aun desde el reconocimiento de la huelga como respuesta sociolaboral y la comprensión de los motivos que impulsan esta última convocatoria, cabe asimismo preguntarse si es el mecanismo de reivindicación y protesta idóneo, especialmente tras haber comprobado los efectos de los citados anteriores paros, de resultado por otra parte dispar, a la hora de detener o condicionar el cuestionamiento constante del estado de bienestar. Y cabe preguntarse si los sindicatos, como organizaciones arraigadas en la sociedad, algo constatable en el caso de las centrales que realizan la convocatoria del 26-S, no deberían recapacitar sobre la reiteración de métodos que carecen de consecuencia práctica debido a que su capacidad de presión se revela cada vez más limitada. Y, al hacerlo, iniciar una reflexión más profunda respecto al papel que las propias fuerzas sindicales desempeñan como agente social, un análisis que vaya mucho más allá del recuento de sus capacidades para paralizar la actividad, incluyendo entre estas últimas actitudes más que reprochables que atentan contra el derecho de quien pueda decidir, acertada o equivocadamente, no responder a su convocatoria. Hacerlo, además, les proporcionaría ante los ojos de la sociedad un plus de legitimidad a la hora de reivindicarse a sí mismos como instrumentos esenciales en la defensa no ya de un determinado sector social sino de la mayoría de los ciudadanos.