EL informe de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), primero que realiza desde su creación el último 28 de setiembre, donde revela que "a través de contactos directos, ETA ha asegurado a la Comisión que está comprometida (...) con el alto el fuego de enero de 2011 y el cese definitivo de la actividad armada de octubre" por lo que la CIV considera que "ETA no tiene intención alguna de cometer u organizar actos de terrorismo o violencia en el futuro" contribuye a despejar las dudas que las declaraciones del nuevo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, habían contribuido a fomentar quizás de modo interesado o irresponsable. Las referencias del informe a los "incidentes aislados de desórdenes de tipo de kale borroka" o el análisis razonado sobre que la falsificación de documentos, el mantenimiento de arsenales y la posesión de armas son actos ilegales que "no están necesariamente relacionados con la preparación de actos violentos" aportan además al informe -corroborado por las palabras de uno de los miembros más relevantes de entre los verificadores del alto el fuego, el director del Dialogue Advisory Group, Ram Manikkalingan- una claridad que lleva sin embargo a cuestionar el motivo por el que nada menos que el ministro de Interior español entró a especular justo la víspera de su primera visita a Euskadi con un regreso de la extorsión que la Comisión niega o con la posibilidad de que las últimas detenciones en Francia pudieran ser indicio de una presunta vuelta a la actividad de la organización terrorista. Así, en el caso de que el ministro Fernández Díaz las realizase de motu propio y por un simple análisis personal de la situación, sería exigible de su cargo que, a partir de ahora, utilizara la prudencia de que ha carecido esta vez. Si por el contrario las hizo en virtud de informes aportados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, el ministro haría bien en contrastar estas, que se comprenden necesarias, con fuentes independientes como las que por creación, composición y actividad aporta el grupo de verificadores internacionales. Y si además, como es previsible y a pesar del rechazo que su partido explicitó públicamente en su día hacia la CIV, conocía de modo previo las principales consideraciones realizadas ayer por la Comisión; se antoja imprescindible reclamar del Ejecutivo Rajoy la revisión de su histórica tendencia a utilizar en su particular interés lo que denomina políticas antiterroristas para asumir que entre sus responsabilidades gubernamentales -y no precisamente la menor- está la de contribuir a que el fin de la violencia y la desaparición de ETA se confirmen cuanto antes. En otras palabras, que el Gobierno del Estado no puede -ni debe- obviar el contenido de este primer informe de verificación que, además, reconforta tanto a la sociedad vasca como a la española y les permite recuperar el optimismo que las palabras del ministro habían puesto en cuestión.