LA reforma anunciada ayer por elministro de Justicia español, AlbertoRuiz Gallardón, con afección a variasleyes, incluida la Ley Orgánica 6/1985de 1 de julio del Poder Judicial, radiografía eltalante y la pretensión con que la derecha másconservadora de Europa ha llegado al Gobiernoespañol, un talante de unilateralidad quedesprecia el consenso parlamentario a lomosde su mayoría absoluta y una pretensión deproceder a readecuar las estructuras del Estadoa su ideología, de la que el triunfo electoralha borrado cualquier atisbo de centralidad.Así, el pago de tasas a la hora de recurrir, lareforma de la ley del menor para juzgar a estoscomo adultos en caso de delitos graves, la instauraciónde una suerte de cadena perpetua através del eufemismo de la “prisión permanenterevisable” y la propia reforma del sistemade elección de los vocales miembros delConsejo General del Poder Judicial que seincluyen en lo propuesto por Gallardón suponenuna regresión evidente respecto a los principiosde universalidad, independencia e igualdadde la justicia y soslayan el espíritu con quese redactó el Título VI de la Constitución y másconcretamente los artículos 119 y 122 de la misma.También, y aunque el ministro de Justiciapretenda anunciarlo como un intento dedespolitización de la Justicia, constituye elintento de los sectores más reaccionarios delPP por seguir controlando el Poder Judicial,que han venido utilizando, tanto en su anteriorpaso por el gobierno como desde la oposición,en virtud de sus propios intereses políticos.Gallardón no solo desprecia el consensocon que se establecieron los mecanismos deelección de miembros del CGPJ, incluyendo elpor bilateral escaso acuerdo de 2001 entreAznar y Zapatero, sino que lo hace desde laconsciencia de que otorgar la potestad de eleccióna los jueces -en realidad, a las asociacionesde jueces pese a que la mitad de losmagistradosno están afiliados a ninguna- suponedesvirtuar la soberanía popular y el controlparlamentario para perpetuar el control de laJusticia por el ala más conservadora de la mismaen virtud de la mayor penetración de laAsociación Profesional de la Magistratura(con el 60% de la afiliación) y como consecuenciade la escasa, por no decir nula, regeneraciónde las estructuras, vicios y servidumbresque el franquismo dejó y aún pervivenen un corpus judicial en el que la transiciónsigue, y al parecer seguirá, pendiente. Lareforma que plantea Gallardón, en definitiva,adolece de una absoluta parcialidad ideológicaque le impide ser la reforma necesaria paraadaptar la legislación y la aplicación de esta alas nuevas circunstancias políticas y exigenciassociales. También en lo que se refiere a lajusticia como herramienta que colabore en elcierre definitivo del capítulo de la violencia.
