El Gobierno, insolvente

CUANDO el pasado domingo el reelegido presidente del EBB, Iñigo Urkullu, se dirigía a su militancia para prometerles el regreso del PNV a Ajuria Enea con el objetivo de que Euskadi tenga "un Gobierno de verdad", los socialistas, en un evidente ejercicio de manipulación, fingieron sentirse dolidos queriendo hacer ver que el líder jeltzale marcaba una línea entre "vascos de verdad" y otros que no lo serían. Falso argumento, por cuanto el discurso de Urkullu estaba claramente marcado por una crítica estrictamente política y de legítima censura a una gestión que el propio dirigente nacionalista calificó de "desgobierno absoluto". El intento del PSE de desviar la atención ya no engaña a nadie. Día sí y día también, el Gobierno de Patxi López da muestras de estar totalmente superado por las circunstancias y de ser incapaz de atajar los problemas, especialmente las consecuencias de la crisis económica. Toda su actuación se reduce a plantear asuntos que ponen en cuestión a las propias instituciones vascas o debates inconcretos sobre fiscalidad y a practicar recortes sin demasiado tino, como en ayudas sociales, Sanidad o Educación. Una prueba más de esta errática y peligrosa deriva la proporciona la hasta ahora última decisión del Ejecutivo de López de utilizar una argucia a todas luces irregular para maquillar de forma artificial el déficit del ejercicio pasado y presentar unas cuentas en apariencia menos escandalosas. Así, ha paralizado desde el pasado 12 de diciembre cualquier pago tanto a proveedores como a empresas contratadas y perceptores de ayudas o subvenciones. Se trata, ni más ni menos, que de una suspensión de pagos encubierta, fraudulenta e impropia de un "Gobierno de verdad", por mucho que haya sido práctica habitual en algunas comunidades autónomas españolas caracterizadas por una gestión en la que solo ha brillado el despilfarro del dinero público. El Gobierno de López tiene el dudoso honor de ser el primero en llevar a cabo prácticas de este tipo en toda la historia del autogobierno vasco. Estas argucias, más allá de su efecto concreto -cuestionable, incluso- al ofrecer una cifra oficial de déficit más baja que la real, tienen consecuencias que no pueden soslayarse. En primer lugar, para la propia imagen de Euskadi, contaminada por la de un Gobierno moroso e insolvente que no hace frente a sus compromisos. Y, además, en las empresas y personas afectadas, muchas de ellas en dificultades económicas propias de una situación de crisis pero que se agravan aún más al ver retrasados sus cobros sin explicación alguna y sin saber a ciencia cierta cuándo recibirán el dinero acordado. Todo ello añade muchas dosis de incertidumbre a una situación ya de por sí complicada. En cualquier caso, el Ejecutivo debe, como mínimo, una explicación sobre su política de meter las facturas en el cajón.