La Loapa económica

EL impulso de una modificación legislativa que permita exigir responsabilidades, incluso penales, a aquellos gestores públicos que incumplan los límites presupuestarios, exige un nivel de concreción en cuanto al alcance, metodología y principios legales de la reforma que brilla por su ausencia en el planteamiento público realizado por el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro. No se puede negar que el nivel de endeudamiento de algunas administraciones públicas ha alcanzado proporciones inasumibles y hasta vergonzosas que parecen recomendar medidas restrictivas, pero el gobierno del Estado no puede arrogarse la facultad universal de control e intervención en las Comunidades Autónomas mediante una reforma legislativa que afecte a todas, también a aquellas cuya situación financiera es más boyante que la del propio Estado y especialmente si, como en el caso de Euskadi, no pertenecen al régimen común sino que cuentan con las prerrogativas del autogobierno económico que dimanan del Fuero y del Concierto. Pretenderlo, o pretender extender a estas últimas la capacidad de "intervención temporal" que se contempló en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, supondría el flagrante incumplimiento del Título III del Estatuto de Gernika y del respeto a los Derechos Históricos que contempla la Constitución. Con el agravante de que la citada reforma no se basaría en incumplimientos propios sino que utiliza como base supuestamente razonada las desastrosas gestiones de administraciones regidas por los mismos que pretenden impulsarla. Que ya se hiciera cuando PP y PSOE aprobaron la reforma constitucional para incluir la limitación del déficit que abre la puerta a una restricción de la capacidad financiera y fiscal de los regímenes forales y que también se pueda producir una limitación de la capacidad de autogobierno en materia laboral a través de la reforma que prepara el gobierno confirman, sin embargo, que lo que se pretende es una recuperación de competencias por parte del Estado y una dilución del modelo autonómico, utilizando el fracaso del café para todos y sus consecuencias en el incremento del gasto público estatal para revisar a la baja el nivel de autogobierno de las comunidades históricas incluso, como en el caso de Euskadi, a pesar -o precisamente por- del contraste de su éxito como modelo de gestión y de creación de bienestar y desarrollo y a la hora de encarar la crisis económica. Se trataría de una Loapa económica que, además, no solo fijaría una tutela del Estado sobre las Comunidades Autónomas en esta materia sino que, a través de la misma, podría llegar a condicionar e incluso a estrangular toda su capacidad gubernamental diferenciada pese a lo que, hasta el momento, el Gobierno vasco, no ha planteado salvedad ni salvaguarda alguna.